En una situación crítica que demanda acción inmediata, la Contraloría General de la Nación ha emitido un llamado urgente a la Unidad de Gestión del Riesgo de Casanare para abordar la problemática derivada del proyecto Torres del Silencio.
Este proyecto que arrancó en el año 2011, inicialmente destinada a soluciones habitacionales de más de 400 familias, y ante las demoras para la culminación del proyecto ha sido invadida por algunas familias beneficiarias que, a pesar de la falta de servicios básicos y las deficiencias estructurales, han decidido habitar en estas torres inconclusas.
Esta situación representa un peligro inminente para la vida y la integridad de quienes residen en estas condiciones precarias.
Ante esta emergencia, la administración local realizó un diagnóstico que confirmó la inviabilidad de la infraestructura existente, como consecuencia, se emitió una declaración de calamidad pública en el proyecto, reconociendo la necesidad imperativa de abordar esta situación de manera urgente y efectiva.
El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una sentencia que obliga a la administración municipal de Yopal y a la Gobernación de Casanare a ejecutar un plan de tres fases; este plan incluye la reubicación de las familias afectadas, la demolición de las construcciones existentes que presentan deficiencias y la consolidación de un nuevo proyecto de vivienda para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.
Sin embargo, a pesar de la orden judicial, hasta el momento solo se ha culminado algunas de las fases del plan, como por ejemplo el estudio de patología que determinó la inviabilidad de la estructura, la entrega de los planos y diseños estructurales, entregados por la administración municipal a través del INDEV para la construcción del nuevo proyecto y la asignación del predio, el cual fue certificado como apto para construir nuevamente el plan de vivienda.
La falta de acción administrativa por parte de Gestión del Riesgo Departamental, ha impedido el inicio del proceso de desalojo de las familias que ocupan ilegalmente estas viviendas; ya que es la gobernación la responsable de haber dejado vencer las pólizas de cumplimiento.
Además, tanto la Gobernación de Casanare como la Alcaldía de Yopal enfrentan la dificultad de definir quién asumirá los costos de la demolición de las torres existentes y la financiación del nuevo proyecto de vivienda.
Por este proyecto de vivienda, la Contraloría General de la República tiene una investigación en curso y un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $12.087 millones. Este proceso involucra a quince (15) ciudadanos y personas jurídicas como presuntos responsables fiscales, incluyendo servidores públicos, contratistas de obra y personas jurídicas supervisoras e interventoras del contrato, además, se encuentran vinculadas cinco (5) aseguradoras como terceros civilmente responsables, con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
El pasado 10 de noviembre de 2023, el INDEV socializó con la comunidad de torres del silencio, los nuevos planos como alternativas viables en cuanto a diseños arquitectónicos que propician una mejora en la calidad de vida.