Desde el pasado 15 de agosto de 2024, los habitantes de la vereda San Luis de Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, iniciaron una manifestación pacífica en rechazo a la operadora petrolera Green Power Sucursal Colombia, así como contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El principal reclamo de la comunidad ha sido el incumplimiento de compromisos sociales establecidos previamente en el marco del proyecto petrolero Joropo, que opera en la región.
El pasado 10 de octubre, la situación tomó un giro inesperado cuando la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes emitidas por las autoridades competentes y con el respaldo de la Alcaldía de Paz de Ariporo, intervino para dispersar a los manifestantes.
Durante la acción, seis personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades. Los detenidos fueron identificados como Maryeli Ibica Pinzón, Bladimir Pereza González, Rafael Cantor, Higinio Castillo, Nancy García y Rafael Osorio.
La intervención ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., cuando la Policía Antidisturbios actuó para desocupar el área donde los manifestantes mantenían su protesta. Según la comunidad, la acción policial fue violenta, afectando la integridad física de algunos de los presentes.
No obstante, las autoridades señalaron que el uso de la fuerza estuvo ajustado a la ley y fue necesario para mantener el orden público; el objetivo, según las autoridades, fue restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los actores involucrados.
Los manifestantes, por su parte, han expresado su descontento ante lo que consideran una violación de sus derechos fundamentales. Entre los reclamos presentados, se destaca la supuesta violación del derecho a la protesta pacífica, consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalaron que el uso de la fuerza por parte de la Policía atentó contra su integridad física y mental.
Otra acusación de los manifestantes se refiere a la presunta detención arbitraria de seis personas, quienes, según ellos, no estaban involucradas en actos que justificaran su captura.
En este sentido, la comunidad denunció la falta de garantías en el debido proceso, lo que, a su juicio, vulnera su derecho a la libertad personal.
Uno de los aspectos que más ha generado controversia fue la presencia de una funcionaria de Green Power en el vehículo del inspector durante la intervención policial. Según los denunciantes, esto refuerza la percepción de que la empresa petrolera tuvo una influencia directa en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, lo que ha incrementado la desconfianza hacia las autoridades y la compañía.
Por otro lado, representantes de Green Power Sucursal Colombia no han emitido declaraciones públicas en relación con las acusaciones sobre la intervención en el operativo, aunque se espera que la empresa se pronuncie en los próximos días.
El proyecto Joropo, que ha generado expectativas en la región por los beneficios económicos que podría traer, ha estado bajo escrutinio por parte de la comunidad local debido a lo que consideran promesas incumplidas por parte de la operadora petrolera.
Los habitantes de San Luis de Ariporo reclaman la implementación de proyectos sociales acordados antes del inicio de las operaciones, los cuales estarían destinados a mejorar las condiciones de vida en la zona.
Hasta el momento, la protesta se ha mantenido activa, aunque bajo un clima de tensión creciente tras la intervención de las fuerzas del orden. La comunidad espera una respuesta clara tanto de las autoridades como de la empresa para resolver el conflicto de manera pacífica y sin recurrir a más episodios de violencia.