
La comunidad de Torres del Silencio, un proyecto que representa la necesidad de vivienda para 400 familias en Yopal, alzó su voz en las últimas semanas expresando una profunda preocupación. Sienten que, una vez más, su urgente situación de riesgo inminente parece pasar a un segundo plano frente a otras prioridades de la administración municipal.
Se conoció públicamente que un proyecto ambicioso, la construcción de una nueva sede administrativa que se financiaría a través de un endeudamiento por valor de 90.000 millones de pesos, resultó inviable. Esta noticia, aunque implicaba la caída del que parecía ser el proyecto bandera del alcalde Marco Tulio Ruiz, abrió una ventana inesperada: esos 90.000 millones de pesos quedaban disponibles para ser reasignados a otras necesidades de Yopal.
Para las familias de Torres del Silencio, muchas de ellas esperando una solución desde hace décadas –algunas, como por ejemplo las 218 reubicadas del barrio La Esmeralda, llevaban 28 años aguardando una solución definitiva, dictada por sentencia judicial desde 2006, y por un momento pensaron que esta era la oportunidad tan anhelada.
Vieron en esos recursos libres la posibilidad real de destinar una parte crucial para la demolición total de los 400 apartamentos que conforman el proyecto, declarado como un «elefante blanco número uno» y catalogado en alto riesgo por la Contraloría General de la Nación.
Sin embargo, la comunidad, reunida a través de sus líderes y asociaciones, escucharon decepsioandos el discurso del alcalde Marco Tulio Ruiz, quien en audiencia en el Concejo Municipal apuntaba a reorientar esos 90.000 millones de pesos hacia las vías y la compra de maquinaria.
Afirmaron que, a pesar de la necesidad imperiosa en Torres del Silencio, el alcalde habría llegado a declarar que el problema ya estaba «solucionado», una afirmación que los afectados calificaron sin rodeos como una «gran mentira».
La propuesta de la comunidad a través de sus lideres es clara y con un sentido de urgencia, solicitar formalmente que aproximadamente 25.000 millones de pesos de esos fondos municipales liberados fueran específicamente destinados a Torres del Silencio.
La esperanza radicaba en sumar este monto a los 50.000 millones de pesos que el gobernador de Casanare, César Zorro, había mencionado como una posible solución definitiva, aunque la comunidad aclaró que, según lo expuesto ante la Contraloría, solo se disponía de 25.000 millones en el momento, esperando que otros 25.000 millones ingresaran por rendimientos financieros hacia agosto o septiembre; se espera que con estos recursos completos provenientes tanto de la gobernación como del municipio, se podría finalmente concretar la demolición necesaria y emprender una construcción que, según la propuesta de la gobernación, inicialmente sería en obra gris, dejando pendientes obras complementarias como las vías interiores
por otra parte, se esperaba respuesta del Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, quienes podrían encargarse de la demolición de las estructuras y reducir ostensiblemente los costos.
En medio de esta tensa espera y la percepción de prioridades divergentes, la comunidad apeló directamente al Consejo Municipal. Recordaron a los concejales su responsabilidad de representar las necesidades del pueblo y les pidieron encarecidamente que, al momento de votar la reasignación de esos 90.000 millones de pesos, tuvieran en cuenta la emergencia de Torres del Silencio y asignaran los recursos solicitados.
La situación en Torres del Silencio, con 400 familias en vilo, muchos de ellos adultos mayores, personas con discapacidad y madres cabeza de hogar, que simplemente buscaban un techo digno y seguro, se presentaba como una prueba de fuego para la voluntad política y la capacidad de respuesta institucional ante una crisis habitacional de larga data.
Esta comunidad, recordándole su eslogan de campaña al actual burgomaestre manifestaron al unísono “Marco Tulio No Cumple, prefiere arreglar vías que salvar vidas”.