El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que, desde enero de 2022, se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación de fuentes hídricas del río Guatiquía.
Entre los detenidos se encuentra José Jairo Riveros Medina, presunto cabecilla de la organización ilegal, junto con Blanca Yamile Vergara Jaimes y Edwin Abel Mendoza, quienes supuestamente actuaban como comisionistas y encargados de vender los lotes. También fueron judicializados Cristian Camilo Romero Pérez, Luis Heberto Leyton Brito y Álvaro Malaver Aros.
Según la investigación, la red ilegal provocaba incendios forestales para arrasar la capa vegetal, parcelar los terrenos y comercializar los lotes como parte de un proyecto urbanístico. Además, utilizaron maquinaria amarilla para afectar la cobertura boscosa y construir vías ilegales que facilitaban el acceso a estas zonas.
En poder de los procesados se encontraron tres armas de fuego, con las que amenazaban y extorsionaban a quienes se oponían a sus actividades. La red criminal habría comercializado más de 700 lotes de terreno, con valores individuales que en muchos casos alcanzaban los 60 millones de pesos, generando rentas ilegales por, al menos, 42.000 millones de pesos.
El ente acusador evidenció que estas acciones provocaron graves daños al ambiente, incluyendo la disminución de la población de fauna y flora silvestre, afectaciones a las fuentes hídricas y a la zona natural protegida. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, urbanización ilegal, extorsión, daño en los recursos naturales y ecocidio.