Muerte política para Heyder Silva: Consejo de Estado decreta pérdida de investidura del diputado de Casanare
Claudia Villada 
El Consejo de Estado puso fin a la controversia jurídica que rodeaba al diputado de la Asamblea Departamental de Casanare, Heyder Alexander Silva García, al decretar en segunda instancia la pérdida de su investidura para el período constitucional 2024-2027.
La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, que revocó la sentencia proferida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual había negado las pretensiones de la demanda presentada en su contra.
Según el fallo, el diputado incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses al participar en discusiones relacionadas con decisiones administrativas adoptadas durante su presidencia de la Asamblea Departamental en 2024, particularmente aquellas relacionadas con la modificación de la planta de personal de la corporación.
El Consejo de Estado concluyó además que su conducta fue dolosa, razón por la cual decretó la pérdida de investidura.
La sanción tiene profundas consecuencias políticas y jurídicas. En la práctica, la pérdida de investidura es considerada la máxima sanción para un integrante de una corporación pública de elección popular y es conocida comúnmente como la «muerte política», debido a que implica la pérdida inmediata de la curul y genera una inhabilidad permanente para volver a ser elegido en corporaciones públicas como el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales o las juntas administradoras locales.
Con la ejecutoria de la sentencia, Silva deberá abandonar su cargo como diputado de Casanare inmediatamente sea notificado. La vacante será ocupada por el siguiente candidato de la misma lista electoral que participó en las elecciones departamentales de 2023, de acuerdo con las reglas de reemplazo establecidas por la legislación electoral y las certificaciones que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Al aprecer el llamado a ocupar esta curul sería el Periodista Regiomontuno Holmand Toloza, información que aun no ha sido ratificada o notificada por las autoridades competentes.
Aunque la decisión del Consejo de Estado tiene efectos exclusivamente sobre la investidura y el ejercicio del cargo de elección popular, el contenido del fallo podría dar lugar a la actuación de otros organismos de control.
Dependiendo de la valoración que realicen las autoridades competentes, los hechos relacionados con la creación del cargo, las decisiones administrativas adoptadas durante su presidencia y las actuaciones que dieron origen al proceso podrían ser objeto de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, de la Contraloría en caso de eventuales implicaciones fiscales, e incluso de la Fiscalía General de la Nación si se considera que existen elementos que ameriten una investigación penal.
La decisión del Consejo de Estado deja en firme una de las sanciones más severas contempladas por el ordenamiento jurídico colombiano para los servidores elegidos por voto popular y marca un nuevo capítulo en la historia política reciente del departamento de Casanare, que afecta a un líder muy representativo del Partido Verde en la región.
