Tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Durante una intervención de cuatro horas en el hospital San Juan de Dios, el mandatario cuestionó la representación histórica de Jesús, describiéndolo como un hombre de luz y revolucionario, pero negando su carácter de rey o poder divino.
El presidente también mencionó una supuesta relación entre Jesús y María Magdalena, lo que generó una reacción inmediata de diversos sectores religiosos y políticos.
La Conferencia Episcopal de Colombia emitió un pronunciamiento oficial para recordar que el respeto por las convicciones religiosas es un principio fundamental protegido por el ordenamiento constitucional del país.

A través del comunicado COM-CEC-040/26, los prelados indicaron que la laicidad del Estado colombiano no significa desconocer o deslegitimar las creencias de los ciudadanos, sino asegurar que todos puedan vivirlas sin sufrir discriminación.
Los obispos subrayaron que ninguna autoridad civil tiene la competencia para emitir juicios de carácter teológico sobre lo que profesan las personas, pues existe una clara separación entre las responsabilidades estatales y el ámbito propio de la fe.
Esta postura institucional surge como respuesta a la necesidad de garantizar la autonomía de las confesiones religiosas y la libertad consagrada en la Constitución Política de 1991 y la Ley 133 de 1994. En este contexto, la Iglesia reiteró su compromiso con la construcción de la paz y la convivencia social, pidiendo que se valore la fe de millones de creyentes como una expresión de la dignidad humana y el pluralismo nacional.
El llamado de los pastores busca que las instituciones y autoridades legítimamente constituidas mantengan un trato respetuoso hacia las tradiciones que forman parte del sentir de gran parte de la población colombiana.
Por su parte, la senadora Lorena Ríos rechazó de manera categórica lo que consideró ataques sistemáticos hacia quienes profesan la fe cristiana, señalando que el mandatario ha cruzado límites graves con expresiones que hieren a millones de creyentes. Ríos enfatizó que la dignidad del cargo presidencial no otorga autoridad espiritual para reinterpretar la fe ni para descontextualizar las escrituras según conveniencias políticas.
