Personas que convocaron caravana ilegal de motos que colapsó urgencias, podrían ser judicializados.
Claudia Villada 
Yopal fue escenario el pasado 31 de octubre de un evento que, aunque algunos lo consideraron una expresión social espontánea, generó graves consecuencias para la infraestructura de salud y seguridad de la ciudad, la caravana de motociclistas.
Las repercusiones de este evento fueron inmediatas y serias en el sector salud. La Clínica Casanare, debido a la cantidad de lesionados, tuvo que cerrar su sección de urgencias porque ya no podía recibir más personas. De manera similar, los servicios de urgencias del hospital regional de la Orinoqía colapsaron.
La saturación de los servicios se debió a los múltiples accidentes de tránsito que se presentaron durante el desarrollo de la actividad, solo en uno de los centros asistenciales se reportó el ingreso de 14 casos de accidente de tránsito en un corto espacio de tiempo, al menos 7 personas presentaron fracturas.
Los costos que implican estos pacientes para el sistema de salud son cuantiosos, ya que muchos de ellos no cuentan con el seguro obligatorio, incluso se supo que algunos reportaron sus lesiones como si hubieran sido caídas en bicicleta.
La Policía Nacional ha confirmado que esta caravana fue convocada sin contar con ningún tipo de permiso o documentación. Este tipo de situaciones, que surgen de forma espontánea, a menudo a través de invitaciones en redes sociales, dificulta la preparación y el control por parte de las autoridades.
El desorden generado por la movilización afecta no solo a la Policía Nacional, sino también a todas las autoridades y entidades, incluyendo al personal de salud, movilidad y seguridad, e incluso a la ciudadanía en general.
Las autoridades han expresado su preocupación debido a que quienes realizan estas invitaciones de manera no autorizada no han dimensionado las consecuencias que esto acarrea.
Actualmente, la Policía Nacional, aunque apoya las funciones de tránsito que recaen en la Secretaría de Movilidad, está llevando a cabo averiguaciones para identificar a las personas responsables de convocar el evento ilegal.
El objetivo es iniciar las sanciones administrativas correspondientes, que se proyectan como multas económicas fuertes una vez se logre la plena identificación de los organizadores. Además de las sanciones administrativas, la identificación de los responsables podría dar pie a que las personas afectadas inicien procesos civiles para que estos respondan por los perjuicios ocasionados.
En cuanto al orden público, el evento se caracterizó principalmente por un tema de desorden social. Se observaron personas que se trasladaban con niños pequeños, en su gran mayoría no portaban casco de seguridad, otras taparon sus placas entre muchas otras irregularidades.
No obstante, la autoridad policial fue clara al señalar que no se reportaron hurtos mediante la modalidad de ‘raponazos’ a través de motocicletas durante la caravana.
