Petro busca implementar reformas sin el Congreso: ¿Legalidad o extralimitación?
Claudia Villada
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El presidente Gustavo Petro generó controversia al afirmar que las reformas, especialmente la de salud, podrían implementarse sin necesidad de la aprobación del Congreso. Durante un discurso, Petro declaró que solo se requiere «audacia y decisión» para avanzar bajo las leyes actuales, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de esta postura y sus implicaciones para la institucionalidad colombiana.
Según la Constitución Política de Colombia, las reformas estructurales, como las propuestas en salud y laboral, requieren la aprobación del Congreso. Sin embargo, Petro sugiere que podría utilizar mecanismos legales existentes, como decretos presidenciales, para impulsar cambios sin necesidad de nuevas leyes. Esta posibilidad ha sido criticada por diversos sectores, que argumentan que tal acción socavaría el principio de separación de poderes y podría considerarse una extralimitación de las funciones ejecutivas.
La reforma a la salud, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, enfrenta una fuerte oposición en el Senado. La iniciativa busca transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida (EGSV) y centralizar los pagos a través de la ADRES. Sin embargo, críticos como el exministro de Salud Augusto Galán Sarmiento advierten que esta reforma podría representar un retroceso a un modelo ineficiente y centralizado.
Ante la resistencia en el Congreso, Petro ha planteado la posibilidad de una consulta popular y la emisión de decretos para implementar aspectos de las reformas. Esta estrategia ha sido calificada por algunos opositores como un intento de «golpe de estado», aunque expertos señalan que la legalidad de estas acciones dependerá de su alineación con la Constitución y las leyes vigentes.
