
El pasado miércoles, un anuncio del presidente Gustavo Petro desató una tormenta diplomática. El mandatario ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. La medida drástica fue una respuesta directa a la retención de dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, por parte del ejército israelí. Ambas mujeres viajaban en la flotilla humanitaria Global Sumud, que intentaba llevar ayuda a Gaza.
Esta decisión no surgió de la nada. Es el clímax de una tensión que ha ido creciendo, marcada por las constantes condenas del presidente colombiano al gobierno de Benjamín Netanyahu, a quien ha calificado de «genocida». De hecho, el pasado primero de mayo de 2024, Petro ya había roto formalmente las relaciones diplomáticas con Israel, declarando que el mundo podría resumirse en la palabra «Gaza» para reivindicar la vida y la resistencia.

El detonante fue la detención de Bedoya y Barreto en una zona considerada de alto riesgo, según comunicados del Movimiento Mundial a Gaza. Poco después del anuncio presidencial, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado enérgico, rechazando lo que calificó como un «secuestro» y exigiendo la liberación inmediata de las colombianas y de todos los integrantes de la flotilla. El Gobierno colombiano también hizo un llamado a otros 16 países con ciudadanos a bordo para actuar de manera conjunta y proteger la vida de sus connacionales.
La reacción política interna no se hizo esperar. Desde la oposición, el partido Centro Democrático anunció que interpondría una acción popular contra la decisión del presidente. Argumentan que la medida amenaza gravemente las relaciones bilaterales y busca proteger los derechos colectivos de los colombianos que, según ellos, se verían afectados.
