Por hurto de 1.100 millones, condenado a 7 años de prisión cabecilla de red de fraude digital.
Prensa
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Un juez dictaminó una condena de 7 años de prisión para Luis Eduardo Bernal García; este individuo fue hallado culpable de liderar una organización criminal que sustrajo más de mil millones de pesos a través de artimañas cibernéticas fraudulentas.
El caso se basa en la habilidad del presunto cabecilla, identificado como Luis Eduardo Bernal García, para obtener documentos falsos relacionados con una respetada empresa de transporte de carga; supuestamente, utilizó estos documentos para suplantar la identidad de la compañía y luego se dirigió a una empresa dedicada a la producción de aceites y grasas.
En una serie de correos electrónicos fraudulentos, Bernal García solicitó el pago de 272 facturas por servicios inexistentes, la empresa de alimentos, inducida al error por los documentos y las comunicaciones aparentemente legítimas, consignó aproximadamente 1.100 millones de pesos en una cuenta empresarial que Bernal García había abierto en Ibagué, Tolima.
Según el material probatorio presentado en el juicio, después de recibir los fondos, el presunto líder de la organización transfirió diferentes cantidades de dinero a siete cómplices, ubicados en Bogotá, Medellín, Girardota y Bello, en el departamento de Antioquia. Estos individuos, según la investigación, habrían utilizado los fondos para gastos personales y, en algunos casos, crearon empresas ficticias para ocultar el origen ilícito del dinero.
La operación policial que desarticuló la organización tuvo lugar el 19 de agosto, cuando agentes de la DIJIN de la Policía Nacional capturaron a ocho presuntos involucrados en la trama delictiva; aunque en su momento se les imputaron delitos como suplantación de sitios web, hurto por medios informáticos y uso de documentos falsos, los procesados no admitieron los cargos y quedaron en libertad por decisión del juez de garantías.
Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión y logró que un juez del circuito revocara la medida, ordenando la inmediata captura de todos los investigados para garantizar su reclusión en un centro penitenciario.
Este caso subraya la importancia de la ciberseguridad y la determinación de las autoridades para enfrentar el delito cibernético y proteger a las empresas y ciudadanos de Colombia.
