
El caso judicial contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, entra en una nueva fase con la acusación formal por parte de la Fiscalía. La investigación reveló un patrón de comportamiento en el que se habrían modificado las condiciones de más de 100 contratos de apoyo a la gestión, justo después de que la funcionaria recibiera la solicitud de renuncia por parte del Presidente de la República.
Los documentos analizados muestran cómo los 104 contratos, originalmente suscritos por cuatro meses, fueron terminados anticipadamente mediante actas que alegaban motivos personales de los contratistas. Sin embargo, el mismo personal fue recontratado poco después con vigencias extendidas hasta finales de 2023, en lo que la Fiscalía califica como un intento de mantener vinculadas a personas cercanas a la exministra.
El proceso ahora pasa a la etapa de audiencias preparatorias de juicio, cuya fecha será establecida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Este caso marca un precedente en el escrutinio de las prácticas de contratación en altos niveles del gobierno nacional.
