
La Procuraduría Regional de Casanare resolvió las recusaciones que mantenían paralizado el trámite del superávit, determinando que estas carecían de fundamento legal y fáctico.
Con esta decisión, la Asamblea Departamental quedó habilitada para resolver el recurso de apelación pendiente, reviviendo así el proyecto original y descartando cualquier alternativa presentada posteriormente.
El fallo representa un contundente respaldo al proceso legislativo y, al mismo tiempo, un revés para la administración departamental, que había culpado a los diputados por el retraso en la aprobación de los recursos.
Sin embargo, la investigación reveló que fueron precisamente los diputados oficialistas Eduardo Antolines, Omar Ortega, Heyder Silva, Wilder Ávila y Alejandro López quienes presentaron las apelaciones y recusaciones que terminaron entorpeciendo el trámite.
La Procuraduría no solo aclaró el panorama jurídico, sino que reafirmó la importancia de seguir los procedimientos legales sin ceder a presiones políticas.

