Procuraduría investiga irregularidades en contratos del PAE y transporte escolar en Casanare.

La Procuraduría General de la Nación inició dos investigaciones disciplinarias contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare por posibles irregularidades en la contratación de servicios de alimentación y transporte escolar en el departamento.

Las fallas habrían ocurrido en la estructuración de dos licitaciones públicas durante 2023 para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del año siguiente, lo que provocó su revocatoria y el inicio tardío de la prestación del servicio.

Debido a esta situación, en febrero de 2024, la Gobernación de Casanare declaró la urgencia manifiesta para asegurar la prestación del PAE y adjudicó un contrato por más de $8.200 millones, con un plazo de 58 días del calendario escolar. Sin embargo, esto no garantizó el servicio desde el primer día de clases, afectando a miles de estudiantes.

Entre los investigados están las entonces jefes de la Oficina Jurídica, Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo, junto a los exsecretarios de Educación Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez. También están incluidos Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador, exdirectores de Cobertura Educativa, y David Federico Díaz Sánchez, exdirector de Calidad Educativa.

Por otro lado, la Procuraduría también está investigando el proceso que terminó con la adjudicación del contrato de transporte escolar al Consorcio Nuevo Amanecer, que presuntamente no cumplía con los requisitos habilitantes del pliego de condiciones. Este contrato cubría el transporte de estudiantes en 18 municipios no certificados de Casanare.

En esta línea, se investiga disciplinariamente a la líder de la Oficina Jurídica, Karen Sofía Santafé Agudelo, y a los integrantes del comité evaluador del proceso: Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.