Procuraduría niega recusación y exonera al Gobernador Ortiz Zorro de pérdida de imparcialidad en el contrato del PAE.
Claudia Villada
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La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare emitió una decisión fundamental en el marco de las controversias generadas por la Licitación Pública No. CAS-OAJ-LP-001-2025 para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar (PAE).
El órgano de control resolvió la solicitud de recusación presentada por el proponente inhabilitado, Consorcio Yeikos, y su representante legal, Rodolfo Andrey Plazas Mahecha.
El 21 de octubre del año en curso, el Consorcio Yeikos y su representante legal radicaron un escrito de recusación contra el Gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Karen Sofia Santafe Agudelo, y los miembros del comité evaluador. Los recurrentes argumentaron un conflicto de interés, pérdida de imparcialidad y causal expresa de recusación, debido a que la administración departamental había remitido previamente una denuncia penal en su contra.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, al analizar el escrito, resolvió negar la recusación formulada contra el señor Gobernador, aduciendo improcedencia por Falta de Sustento Legal, tras constatar la falta de invocación y sustentación de las causales previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. El recurrente no invocó de manera concreta la causal en la que presuntamente incurría el Gobernador.
La Denuncia Penal No Configura Conflicto: La Procuraduría determinó que la simple mención de la existencia de una denuncia penal y la remisión de actuaciones administrativas por parte de la Oficina Jurídica no constituye por sí mismo un fundamento suficiente para configurar un conflicto de interés ni una causal legal de recusación contra el Gobernador.
Respecto a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Karen Sofía Santafe Agudelo, y los miembros del comité evaluador, la Procuraduría se abstuvo de decidir sobre la recusación/impedimento.
Se acreditó que la Jefe de la Oficina Jurídica fue delegada para la gestión contractual, y dado que la delegación de funciones no genera per se una causal de impedimento, las diligencias relacionadas con ella y los miembros del comité evaluador fueron remitidas a la administración departamental de Casanare para lo de su competencia, conforme al artículo 12 del CPACA.
La decisión de la Procuraduría subraya que el régimen de impedimentos y recusaciones busca garantizar la imparcialidad y transparencia en las decisiones, y requiere que la causa alegada esté debidamente sustentada con argumentos serios y elementos probatorios.
El contrato en mención que cuenta con un valor superior a los $8.424 millones. Fue declarado desierto.
El proceso recibió dos propuestas el 28 de agosto de 2025: el Consorcio Yeikos y la Union Temporal Pae Internados 2025. Ambos proponentes resultaron inhabilitados por incumplir los requisitos técnicos, a pesar de estar habilitados en los aspectos jurídicos y financieros.
La controversia central giró en torno al Concepto Sanitario 27149, presentado por el Consorcio Yeikos y emitido a nombre del Municipio de Yopal.
Tras una objeción interpuesta por la UT competidora, y como resultado de la consulta por parte de la Gobernación a la Secretaría de Salud Municipal de Yopal, este despacho aclaró de manera oficial que dicho documento no era válido, ya que no correspondía a un concepto sanitario oficial y fue emitido por un funcionario que no contaba con la competencia para hacerlo, además el documento se refería a un establecimiento que no operaba en la dirección indicada.
Adicionalmente, una inspección sanitaria posterior al establecimiento de comercio, referenciado para suministro y almacenamiento de los alimentos, arrojó un concepto desfavorable.
Estos documentos se remitieron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para inciar las respectivas investigaciones.
Debido a controversias y incumplimientos en el proceso de licitación por parte de los oferentes, la Gobernación de Casanare se vio obligada a priorizar recursos de la Secretaría de Educación para garantizar el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en días que restaban del año 2025. A pesar de las dificultades y demoras en el proceso contractual, la Gobernación busco asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones para los estudiantes beneficiarios en todo el departamento Casanare
