Procuraduría se pronuncia en polémica por aumento del impuesto predial en Yopal.
Claudia Villada
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El Procurador Regional de Casanare, Juan Pablo Rincón Camacho, se pronunció oficialmente sobre la acción popular que desafía la actualización catastral implementada en Yopal.
En un documento presentado ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 20 de agosto de 2025, el representante del Ministerio Público solicitó la adopción de medidas correctivas que aseguren que el proceso de catastro multipropósito se desarrolle bajo criterios técnicos, sociales y jurídicos que protejan efectivamente los derechos colectivos.
La demanda, interpuesta por el concejal Leonardo Infante, alega la presencia de irregularidades en los convenios suscritos entre el Municipio de Yopal y la firma Catasig S.A.S., empresa a cargo de la actualización catastral. De acuerdo con los demandantes, los avalúos resultantes de este trabajo han producido aumentos desmedidos en el impuesto predial, impactando negativamente a una gran cantidad de propietarios de inmuebles urbanos y rurales.
El Tribunal Administrativo de Casanare había admitido la acción popular el 1 de abril de 2025, vinculando procesalmente al Municipio de Yopal, a Catasig S.A.S., al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Como parte de su decisión, el tribunal también decretó medidas cautelares para preservar la moralidad administrativa, el debido proceso y los mecanismos de participación ciudadana durante todo el proceso legal.
En su calidad de interlocutor, el procurador Rincón Camacho ejerció su derecho a intervenir con base en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. Su postura fue clara al afirmar que el catastro multipropósito no debe ser visto únicamente como una herramienta fiscal, sino que debe incorporar de manera balanceada cuatro componentes esenciales: físico, jurídico, económico y social.
El funcionario argumentó que la actualización llevada a cabo en Yopal careció de este enfoque integral, generando un malestar generalizado y una ola de solicitudes de revisión de los avalúos catastrales por parte de la comunidad.
El Ministerio Público pidió al tribunal dos acciones concretas: aceptar su intervención para apoyar la defensa de los derechos colectivos afectados por la contratación con Catasig S.A.S. y las consecuencias en el cobro del predial, y ordenar una nueva caracterización de los predios que refleje fielmente la realidad del territorio, utilizando para ello criterios objetivos y soportes técnicos sólidos.
Este pronuncimiento abre un nuevo capítulo en la novela de Catasig con el Municipio de Yopal, y se convierte en una luz de esperanza para las personas afectadas por incrementos desmedidos, aunque la ultima palabra está en manos del Tribunal Administrativo de Casanare.
