Según el resultado que arrojó el estudio de vulnerabilidad sísmica, la opción más viable es demoler las torres y volver a construir.
Este lunes se llevó a cabo la socialización de los resultados por parte de la empresa contratista ante el Gobernador Salomón Sanabria, el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, Contraloría, Procuraduría, Personería, Organismos de Socorro, Gestión del Riesgo y un delegado del Ministerio de Vivienda.
La empresa DICO, encargada de adelantar el estudio de patología y vulnerabilidad sísmica señaló que la construcción de las torres según todo el procedimiento realizado con base en el reglamento sismo resistente del 2010, no cumple con los requisitos para ser habitables, lo que pondría en riesgo a quienes las habitan en caso de un evento sísmico.
El grupo interdisciplinario de profesionales que analizó los resultados de las pruebas tomadas determinó que la vulnerabilidad está entre un 12 y 16%, porcentaje muy bajo para resistir en caso de una situación como un sismo, por lo que recomendaron a las autoridades locales y departamentales evacuar la totalidad de las torres.
En el transcurso de la próxima semana se estaría realizando la socialización con todos los residentes del proyecto de vivienda y anunciando cómo y a partir de cuándo se realizaría todo el procedimiento para la evacuación, lo que será determinado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Por parte de la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal se señaló que se cuentan con algunos recursos para brindar subsidios de arrendamiento a los propietarios de 350.000 pesos por seis meses, y adelantar el proceso de demolición de todas las edificaciones. Se adelanta ante el Ministerio de Vivienda la gestión de más recursos para la construcción de un nuevo proyecto de vivienda.
Existe desconsuelo por parte de los residentes, quienes han solicitado a los gobernantes que se extienda el subsidio de arrendamiento al tiempo que dure la entrega de los nuevos apartamentos, al igual que se adelante dicho proyecto en el mismo terreno.
Se plantea que en 11 meses se adelante el proceso de evacuación, demolición y construcción de un nuevo proyecto, situación que no es clara, ya que por parte de los gobiernos departamental y municipal se ha sido insistente en que no se cuenta con los recursos necesarios y todo dependería del aporte del Gobierno Nacional.