Prensa El Tribunal Superior de Bogotá ha generado un terremoto judicial al decidir dejar en libertad a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar con un oscuro historial de crímenes atroces. Esta decisión ha desafiado abiertamente la autoridad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que había intentado ejercer su poder preferente sobre los procesos que determinarían la libertad de Mancuso. Es un golpe directo a la credibilidad y la integridad del sistema judicial colombiano.
La audiencia que condujo a la liberación de Mancuso comenzó con un acto de desafío sin precedentes: el Tribunal Superior de Bogotá ignoró una reciente decisión de la JEP, que buscaba tener competencia exclusiva sobre los casos relacionados con el exjefe paramilitar. Este acto de rebeldía judicial pone en duda la imparcialidad de la justicia colombiana.
La JEP, establecida para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, había aceptado el sometimiento completo de Mancuso; sin embargo, el Tribunal de Bogotá ha decidido arrogarse la autoridad para decidir sobre su libertad, desafiando abiertamente la autoridad de la JEP y sembrando confusión en el sistema judicial.
Mientras tanto, el Tribunal de Barranquilla de igual jerarquía al de Bogotá, ya había rechazado levantar las medidas de prisión preventiva contra Mancuso, argumentando supuestos vicios en la resolución presidencial que lo nombró gestor de paz.
Muchos esperan que Salvatore Mancuso sea un testigo importante en los procesos judiciales que se llevan en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez; para muchos de los detractores de Uribe, esta es una esperanza de verlo finalmente tras las rejas, gracias a las declaraciones y aportes que haga el ex jefe paramilitar en estos procesos. Por otro lado, están quienes cuestionan el trato especial que se le está dando a Mancuso, considerándolo un burdo montaje a cambio de prebendas, su principal argumento es: «¿Por qué Mancuso sí, pero los otros ex comandantes paramilitares no?».
En última instancia, estas decisiones judiciales ponen en tela de juicio la integridad y la imparcialidad del sistema judicial colombiano. La falta de coordinación y coherencia entre los diferentes tribunales y jurisdicciones socava la confianza del público en el Estado de Derecho y deja al descubierto las profundas grietas en el sistema judicial del país y ha provocado una crisis de confianza en el sistema legal colombiano.
Solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta situación y cuáles serán las consecuencias a largo plazo para la justicia en Colombia.
