Se Hunde la Reforma Laboral de Petro en el Congreso: Análisis de Posiciones y la Controversial Propuesta de Referendo

En un giro trascendental para la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral ha sido definitivamente archivada en la Comisión Séptima del Senado. Esta iniciativa, que generó intensa polémica a nivel nacional, no logró superar el trámite legislativo al obtener ocho votos en contra y seis a favor de su archivo. La decisión desató una tormenta de reacciones, desde la celebración por parte de la oposición hasta la airada respuesta del gobierno, que ahora apuesta por una consulta popular para impulsar sus propuestas.

La sesión en la Comisión Séptima estuvo marcada por la tensión y los gritos, con integrantes del Pacto Histórico reclamando una consulta popular tras conocerse el resultado de la votación. La ponencia de archivo contó con el respaldo de senadores del Partido Conservador, Partido Liberal, Colombia Justa Libres, Mira y el Centro Democrático. Se argumentó que existían mayorías para hundir la iniciativa debido a la polémica que había generado.

Las Posiciones en Contra de la Reforma Laboral:

Diversos sectores celebraron el hundimiento de la reforma laboral, argumentando que esta podría tener efectos negativos en la economía y el empleo.

• El senador Alirio Barrera, en uno de los videos, cuestiona la falta de un aval fiscal concreto y el desconocimiento por parte del ministerio sobre el costo real de la reforma y su financiación, más allá del recaudo de impuestos.
• Barrera también advierte que la reforma podría reducir la capacidad de incrementar el número de empleados formales en Colombia, afectando a los 13 millones de informales que podrían perder la oportunidad de acceder a la formalidad.
• Se señala que la reforma podría llevar a una mayor automatización en las empresas, con máquinas e inteligencia artificial reemplazando actividades humanas debido al aumento de costos laborales.
• El senador Barrera critica que quienes impulsan la reforma, según él, no tienen experiencia en la creación y gestión de empresas, desconociendo la realidad del sector productivo colombiano.
• Se menciona la preocupación de que los aumentos laborales exigidos por algunos sindicatos podrían reducir los recursos disponibles para contratar a más personas.
• Desde la oposición, se argumentó que el incremento en las indemnizaciones por despido sin justa causa, que finalmente no fue aprobado, podría desincentivar la generación de empleo.

Las Posiciones a Favor de la Reforma Laboral:

El gobierno y sus aliados lamentaron profundamente el archivo de la reforma, defendiendo su necesidad para mejorar las condiciones de los trabajadores.

• El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, visiblemente molesto, calificó los argumentos en contra de la reforma como «falaces» y «absolutamente mentirosos». Desmintió las preocupaciones sobre el impacto fiscal y en el empleo, asegurando que se demostró su falsedad durante el debate.
• El ministro Sanguino insistió en que la reforma busca atender las necesidades de los trabajadores colombianos, incluyendo informales, artistas, deportistas, y otros sectores desprotegidos que no cuentan con contratos laborales ni prestaciones sociales.
• La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) sugirió que la oposición temía llevar el debate a la plenaria del Senado porque allí sí contarían con los votos necesarios.
• Congresistas afines al gobierno, como María Fernanda Carrascal, expresaron su frustración por el hundimiento de la reforma, considerando que el tema debía seguir su debate.
• Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, aunque a favor de la reforma, señaló que la falta de concertación del gobierno y la manera en que el presidente Petro se dirigió a los congresistas contribuyeron a su hundimiento.

La Polémica Propuesta de Referendo y las Acusaciones de Ilegalidad:

Ante el revés en el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro anunció su decisión de recurrir a una consulta popular para impulsar los puntos clave de su reforma laboral. Esta estrategia ha generado una fuerte controversia y acusaciones por parte de la oposición.

• El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que ya no les importaba si se hundía o no la reforma laboral, ya que la apuesta del gobierno era la consulta popular. Anunció que se estaban construyendo 11 preguntas para ser radicadas en el Senado en los próximos días.
• El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se expedirán nueve decretos reglamentarios en los próximos días para implementar aspectos de la reforma que puedan ser decretados, y que lo que no pueda ser objeto de decretos se llevará a la consulta popular. Sanguino anticipó que la consulta tendría menos de 10 preguntas.
• La oposición ha reaccionado con vehemencia ante esta propuesta. Algunos sectores han calificado la convocatoria a un referendo como ilegal y un golpe de estado, argumentando que se busca saltar el debate democrático en el Congreso y presionar al legislativo a través de la movilización popular [ver fuente 1 para los gritos de «consulta popular» de los oficialistas].
• La senadora opositora Paloma Valencia (no citada directamente en las fuentes, pero su postura es representativa de la oposición) ha manifestado públicamente su rechazo a lo que considera una estrategia para imponer una reforma que no cuenta con el consenso necesario en el Congreso.
• Aunque no se explicita en las fuentes la base legal de las acusaciones de ilegalidad o golpe de estado, estas suelen fundamentarse en interpretaciones sobre los límites del poder ejecutivo para convocar referendos sobre temas específicos y la posible vulneración de la separación de poderes.

Próximos Pasos y el Escenario Político:

A pesar del archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima, el debate podría no estar completamente cerrado. El senador Fabián Díaz anunció la radicación de una impugnación a la votación. Sin embargo, la presidenta de la comisión, la senadora Nadia Blel Scaf, señaló que la viabilidad de esta apelación depende de la mesa directiva del Congreso. El reglamento del Congreso (Ley Quinta de 1992) establece que la plenaria del Senado deberá definir, previo informe de una comisión accidental, si la apelación es viable.

Mientras tanto, el gobierno se enfoca en la preparación de la consulta popular y la expedición de decretos reglamentarios. El presidente Petro, a través de redes sociales, ha destacado las movilizaciones de apoyo a sus reformas y ha criticado a los alcaldes que no respaldaron el día cívico convocado para la protesta.

El escenario político colombiano se torna cada vez más complejo, con un gobierno que busca alternativas ante la falta de mayorías en el Congreso y una oposición que denuncia lo que considera tácticas de presión y posibles extralimitaciones del poder ejecutivo. La suerte de la reforma laboral, aunque hundida en el Congreso, podría definirse finalmente en las urnas a través de la controvertida consulta popular.