Secretaría de Gobierno de Yopal aclara entrega de colchonetas usadas en el centro penitenciario La Guafilla
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Tras la reciente polémica generada en redes sociales, el secretario de Gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, ofreció declaraciones detalladas sobre la entrega de 28 colchonetas destinadas al Centro de Mediana Seguridad de La Guafilla. El funcionario enfatizó que la gestión buscaba aprovechar recursos existentes para beneficiar a los internos en procesos de resocialización.
Origen y justificación de la entrega Rodríguez aclaró que los elementos no fueron adquiridos con recursos públicos, sino que se trató de una donación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Las colchonetas provenían de un hotel ubicado dentro de la guarnición militar y fueron reemplazadas por cambio de dotación, manteniendo aún una vida útil considerable.
Ante los cuestionamientos sobre la higiene y posibles riesgos de salud para los internos, el secretario informó que el director del establecimiento, el capitán Merchán, autorizó el ingreso tras verificar la necesidad de los elementos. «En los pabellones uno encuentra realmente colchones en situaciones deplorables», señaló el funcionario, indicando que las piezas recibidas se someterán a un proceso de desinfección y limpieza antes de ser utilizadas.
Destino y programas de resocialización Las colchonetas serán destinadas específicamente a la comunidad terapéutica, un sector donde los internos adelantan procesos de desintoxicación y participan en actividades productivas como el cultivo de papaya. Además de las colchonetas, la FAC donó ropa y loza para el uso del personal penitenciario.
El secretario destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado para fomentar la resocialización.
Actualmente, el centro cuenta con unidades productivas de panadería y telares, donde los internos fabrican sábanas y fundas de almohada utilizando máquinas reparadas con apoyo de la Gobernación y la empresa privada.
Inversiones y convenios futuros Para abordar de manera integral la situación de los sindicados en la ciudad, la administración municipal proyecta la firma de un convenio con el INPEC por un valor cercano a los 1.000 millones de pesos.
Este acuerdo, previsto para suscribirse entre julio y agosto, busca facilitar el traslado de personas privadas de la libertad desde las estaciones de policía hacia el centro penitenciario, puesto que cada interno tiene un costo al rededor de 3.800.000 que implica una carga muy pesada para la administración municipal
Dentro de esta inversión se contempla la adquisición de dos vehículos tipo panel para la movilización de internos y el suministro de alimentación, cuyo costo actual en las estaciones de policía representa una carga financiera significativa para el municipio.
Finalmente, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía y a los gremios para que se vinculen a estos programas, no solo con donaciones materiales, sino a través de la enseñanza de artes y oficios que permitan a los internos reintegrarse productivamente a la sociedad al cumplir sus condenas.
