Sentencia anticipada para Martin Llanos y lideres de las ACC, manifiestan que las autoridades se niegan a escucharlos en audiencia pública.
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Luego de acogerse al beneficio de sentencia anticipada, Héctor Germán Buitrago Parada, conocido en el conflicto como Martín Llanos, y su hermano Nelson Orlando Buitrago, alias Caballo, deberán purgar una pena de 26 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en 15 homicidios y dos desapariciones forzadas.
Entre las víctimas se encuentra una adolescente de 16 años cuyo paradero es todavía un misterio doloroso para su familia, una ausencia que simboliza el vacío dejado por la violencia en municipios como Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal.
Bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación se logró establecer que estas acciones respondieron a una directriz criminal impuesta desde la cúpula de la organización para silenciar a cualquier ciudadano que se opusiera a sus actividades delictivas o denunciara su control territorial.
Los procesados, incluyendo a los alias Solín y Pocholo, aceptaron los cargos por línea jerárquica y se acogieron a una sentencia anticipada, lo que derivó también en la obligación de indemnizar económicamente a los familiares de los afectados por concepto de perjuicios morales.
El castigo legal llega en un momento donde la región intenta transitar hacia un nuevo ciclo de convivencia a través de la palabra y el reconocimiento de las deudas pendientes con la memoria.
A pesar de su situación de reclusión, Martín Llanos ha buscado posicionarse como gestor de paz mediante la Iniciativa por la Reconciliación de Casanare, promoviendo encuentros que buscan reconstruir el tejido social en lugares emblemáticos como el Puente de Boyacá.
En este escenario se han producido abrazos simbólicos entre antiguos adversarios de las AUC, las FARC y miembros de la Fuerza Pública, emulando armisticios históricos para intentar cerrar heridas que llevan décadas abiertas.
Sin embargo, los excombatientes advierten que la paz real es inalcanzable sin una verdad plena que involucre a todos los actores, incluyendo a los sectores políticos y funcionarios que presuntamente colaboraron con los grupos armados en el pasado.
La preocupación de los implicados radica en que, según sus testimonios, gran parte de la historia del conflicto permanece bajo llave en los centros penitenciarios porque las autoridades judiciales no han facilitado los espacios de escucha solicitados.
A pesar de los múltiples requerimientos para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, los antiguos comandantes sostienen que sus versiones sobre la financiación de campañas y complicidades institucionales no han sido recibidas.
Mientras el sistema judicial avanza con sentencias condenatorias, en Casanare se contabilizan al menos 3.250 personas desaparecidas, que según sus palabras, todas no son solo autoría de la ACC, una cifra que exige respuestas concretas para que el perdón no sea solo un gesto simbólico, sino el cimiento de una estabilidad duradera para los habitantes del llano.
