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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notificó oficialmente el cambio en la modalidad de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
La resolución, emitida el pasado 29 de enero, traslada el enfoque de una administración temporal hacia fines de liquidación, una decisión que el sindicato de trabajadores considera previsible tras un periodo de gestión que no logró subsanar las causales originales de la intervención.
Según los representantes de los sindicatos, la situación financiera de la entidad se ha deteriorado de manera alarmante, pasando de una deuda inicial moderada a compromisos superiores a los 18,000 millones de pesos, cifra que podría escalar hasta los 60,000 millones al sumar todas las acreencias acumuladas.
El panorama operativo presenta desafíos estructurales que impactan la eficiencia del servicio y la estabilidad económica de la organización yopaleña. Actualmente, la empresa registra una pérdida del 52 por ciento del agua que procesa, un índice que no ha mostrado mejoras significativas durante el tiempo de intervención estatal.
Esta pérdida técnica se agrava con un parque de micromedición deficiente, donde aproximadamente 24,000 medidores se encuentran fuera de su vida útil, forzando a la compañía a realizar cobros basados en promedios en lugar de consumos reales. Esta imprecisión en la facturación representa una erosión constante de los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad operativa.
La infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales y la disposición final de residuos sólidos también se encuentra en un punto de vulnerabilidad crítica. La planta de tratamiento, diseñada hace un cuarto de siglo para procesar 400 litros por segundo, recibe de forma recurrente cargas de hasta 480 litros, operando bajo un riesgo latente de desbordamiento y afectación ambiental en fuentes hídricas locales.
Simultáneamente, el relleno sanitario El Cascajar se aproxima al fin de su vida útil operativa para el mes de octubre, lo que genera una alerta sobre la continuidad técnica del servicio de aseo.
Ante este escenario, la organización sindical advierte que la demora en las licencias ambientales para la ampliación del relleno sanitario podría forzar el uso de infraestructuras privadas.
Tal cambio representaría un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, con proyecciones de tarifas que podrían triplicarse o cuadruplicarse debido a la ausencia de inversiones públicas que hoy amortiguan los costos.
Los trabajadores solicitan que la Superintendencia inyecte recursos directos en lugar de otorgar créditos que aumentan la carga financiera, enfatizando la necesidad urgente de un plan maestro que asegure el futuro de los servicios esenciales en la capital de Casanare.
