En un hecho que puede llegar a generar un grave detrimento patrimonial a la nación, la Contraloría General de la República informó que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro.
Esta situación limita la transferencia del riesgo y puede generar impactos sobre el patrimonio público, así como sobre la cobertura de eventuales indemnizaciones derivadas del accidente.
El ente de control estableció que, si bien el presupuesto del sector defensa ha presentado una tendencia creciente en las vigencias 2024, 2025 y 2026, dicho incremento no ha sido suficiente para atender las necesidades estructurales del sector, particularmente en materia de modernización, mantenimiento de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo.

El análisis del aseguramiento de la flota aérea permitió establecer que únicamente el 19% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran actualmente aseguradas, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos.
En auditorías realizadas se han identificado debilidades en la gestión del riesgo, como la subestimación del riesgo en aeronaves desplegadas en teatros de operaciones y la sobreestimación en aeronaves con menor nivel de exposición.
Esto sugiere que se le ha dado más importancia a aeronaves que realizan labores administrativas sore las aeronaves que realizan labores operativas y que se exponen a mayor riesgo.
La Contraloría expresó su preocupación por las implicaciones de la ausencia de aseguramiento frente a los mecanismos de compensación económica para los tripulantes y demás miembros de la Fuerza Pública afectados por el siniestro, y anunció que desplegará acciones de especial seguimiento.
El organismo hizo un llamado a las entidades del sector defensa para fortalecer las políticas de aseguramiento de activos estratégicos, ajustar los modelos de valoración del riesgo, incrementar las partidas de inversión y adoptar medidas estructurales para mitigar los riesgos fiscales identificados.
