Terrenos entregados a victimas del conflicto habrían sido usurpadas por terratenientes en Maní Casanare.
Claudia Villada 
El Abogado Lenin Bustos a través de una denuncia ciudadana, puso en evidencia un conflicto territorial en el municipio de Maní, Casanare, saliendo a la luz pública la difícil situación de 160 familias que buscan justicia y reparación tras años de haber sufrido los rigores de la violencia.
El predio denominado Azulejo, con una extensión de aproximadamente 756 hectáreas, se encuentra en el centro de una disputa jurídica entre víctimas y particulares que mantienen el control de la tierra, a pesar de haber sido despojados de este derecho por el Estado.
La zona, que debería estar bajo la administración de la Unidad Nacional de Víctimas para fines de reparación, permanece ocupada por cientos de cabezas de ganado de gran peso pertenecientes a antiguos victimarios, denunció el Abogado.
Entre los ocupantes que actualmente exigen el terreno se encuentran adultos mayores, madres cabeza de hogar y familias pertenecientes al resguardo indígena Sáliva, quienes han denunciado la llegada de amenazas de muerte para forzar su salida del lugar.
La situación se tornó más compleja durante las diligencias recientes debido a la presencia de un funcionario público que se identificó como asesor de regalías de varios municipios y familiar de los reclamantes privados.
La comunidad y su defensa técnica han solicitado la intervención urgente de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales para aclarar la tradición de estos predios, y de ser el caso, garantizar que los campesinos puedan trabajar la tierra sin ser perseguidos.
Segun lo manifestado por Lenin Bustos, durante la diligencia en el sitio, se detectó la operación de una retroexcavadora de gran tamaño que realizaba una excavación de 60 metros de largo y 10 de profundidad para el suministro de agua en actividades de ganadería extensiva.
Pese a que funcionarios de la autoridad ambiental Corporinoquia se encontraban en el lugar, la maquinaria no detuvo sus labores de inmediato, lo que generó cuestionamientos sobre la diligencia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Ante la presunta flagrancia de un delito ambiental, fue necesaria la intervención de la policía para capturar al maquinista, mientras que los responsables directos de la obra no se presentaron a la diligencia.
Además de la obra hidráulica, los habitantes del sector reportaron deforestación nocturna en terrenos baldíos aledaños y diversas anomalías en las notificaciones de los procesos policivos.
El caso podría derivar en acciones penales por prevaricato por omisión contra los funcionarios que no actuaron oportunamente frente a los hechos denunciados.
