Luego de que fuera demostradas las fallas estructurales de Torres del Silencio que llevó a los beneficiarios de este proyecto habitacional a emprender una lucha de más de 15 años, hasta que hace unos pocos días por fin ven un avance con la demolición de las estructuras y el inicio de las obras de las nuevas torres, surge una nueva preocupación de otra comunidad de Yopal.
Los habitantes de las 49 torres que conforman el complejo habitacional Torres de San Marcos en Yopal enfrentan una situación crítica, similar a las de Torres del Silencio, debido a fallas estructurales que comprometen su seguridad y patrimonio.

La Fundación Little Guardian lidera actualmente una acción popular que busca establecer responsabilidades legales frente a los deterioros evidentes en esta obra de carácter público.
Según los representantes de la organización, el proceso judicial avanza con solidez técnica, respaldado por un peritaje integral solicitado ante la justicia para determinar el estado real de las edificaciones y evitar que el paso del tiempo diluya la responsabilidad de los implicados.
La realidad cotidiana de los residentes se ha vuelto alarmante, especialmente durante las temporadas de lluvia, cuando el agua brota incluso desde los tomacorrientes y el suelo de los niveles inferiores. Los reportes de la comunidad incluyen evidencias que documentan grietas de hasta dos metros de largo y un sistema de alcantarillado pluvial insuficiente para evacuar el flujo hídrico.

Uno de los riesgos más severos identificados es el alto nivel freático de la zona, el cual genera inundaciones desde el subsuelo que podrían causar el socavamiento de las bases. De no intervenirse de manera oportuna, este fenómeno podría derivar en la inclinación de las estructuras y su eventual demolición, un escenario que la fundación busca prevenir mediante acciones de mitigación temprana.
A pesar de que el proyecto fue entregado hace casi una década, los voceros legales sostienen que la responsabilidad del constructor y de las entidades involucradas persiste al tratarse de una infraestructura de interés social donde fallaron los componentes estructurales.
La demanda cuenta con el respaldo de más de cien firmas de propietarios que solicitan una solución definitiva a los problemas de filtración y fracturamiento. Ante las versiones que sugieren intereses económicos o el deseo de derribar el complejo, los representantes de la fundación aclararon que su labor es voluntaria y gratuita, habiendo realizado incluso modelaciones en 3D para sustentar la defensa de la comunidad y evitar una tragedia similar a otros casos reportados en Casanare
