Tribunal Administrativo de Casanare desmiente denuncia del concejal Anderson Carrillo.

En el marco de la denuncia presentada por el concejal Anderson Carrillo contra el asesor jurídico del Concejo de Yopal, Rusbin Mogollón, se conoció que el Tribunal Administrativo de Casanare certificó que el abogado no realizó ninguna actuación dentro del proceso judicial relacionado con el exconcejal Michael Castro Niño.

De acuerdo con la certificación expedida el Tribunal señala que aunque al abogado se le reconoció personería jurídica como apoderado suplente, este no intervino procesalmente en el expediente. La afirmación desvirtúa la acusación pública hecha por el Concejal Carrillo, quien señaló que el abogado habría cobrado al Concejo por la defensa de un tercero ajeno a la Corporación.

Por otra parte, la Secretaría General del Concejo de Yopal, en su calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios, también certificó que los alegatos de conclusión entregados por el abogado correspondían a otro proceso judicial distinto, en el cual el Concejo Municipal de Yopal sí figuraba como parte demandada. La confusión, según la supervisión, obedeció a un error de digitación en el número del radicado, situación que es aclarada según ellos, con los respectivos soportes contractuales.

Los documentos emitidos por ambas entidades desmienten la denuncia del concejal Carrillo y presuntamente descartan la existencia de irregularidad alguna por parte del asesor jurídico.

Al consultar con las partes involucradas, se confirmó que el abogado Mogollón interpondrá denuncias penales y disciplinarias contra el concejal Carrillo ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que este responda por los presuntos delitos de injuria, calumnia y obstrucción al ejercicio profesional, para que en estrados judiciales pruebe los señalamientos de que este es la «mano negra» así como por el posible uso indebido de su cargo para afectar el ejercicio profesional de un abogado.

Esto demuestra una vez más, las pujas al interior de las entidades púbicas por el poder político, situación que se replica tanto en el Concejo Municipal de Yopal como en la Asamblea Departamental de Casanare.

Con esto se evidencia que debería iniciarse un proceso administrativo contra el supervisor de estos contratos, pues es el responsable de verificar que todo esté acorde con la ley para poder autorizar los pagos.