Tribunal Administrativo de Casanare falló acción popular a favor del Concejal Infante, contra actualización catastral de Yopal.
Claudia Villada 
El Tribunal Administrativo de Casanare, a través del despacho de la magistrada Belsy Yohana Puentes Duarte, profirió un auto en el marco de la acción popular radicada bajo el número 85001 23 33 000 2025 00041 00, interpuesta por el Concejal de Yopal Leonardo Infante en asocio con un grupo de ciudadanos, en la que se debaten presuntas afectaciones a derechos colectivos derivadas del proceso de actualización catastral adelantado en el municipio de Yopal.
En la providencia, fechada el 24 de junio de 2026, el tribunal resolvió varias solicitudes presentadas por ciudadanos y organizaciones que pidieron ser tenidos como coadyuvantes de la parte actora.
Entre ellos, el señor Gonzalo Antonio Díaz Gómez, quien actúa en nombre propio y como apoderado de los señores Martha Lucía Díaz Reina, Gonzalo Adolfo Díaz Reina y Rodrigo Díaz Reina; y la Veeduría por un Catastro y Predial Real y Justo, representada por Luis Guillermo Pérez Pérez.
El tribunal consideró que las solicitudes fueron presentadas de manera oportuna y que están en consonancia con las pretensiones de los actores populares, por lo que fueron admitidas.
El auto también contiene un requerimiento dirigido a la Gerente de CATASIG S.A.S. EICE, Elvira Helena Martínez Consuegra, para que constituya un apoderado judicial que represente a la empresa en el proceso.
La decisión se fundamenta en que, si bien la funcionaria acreditó su calidad de gerente, no demostró ser abogada, condición necesaria para agenciar directamente los intereses de una entidad pública en esta jurisdicción. El tribunal advirtió que, de no cumplir con este requerimiento, sus actuaciones podrían ser tenidas por no válidas.
Adicionalmente, el tribunal fijó para el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 9:00 a.m. la audiencia de pacto de cumplimiento, que se realizará de manera virtual a través de la plataforma Teams.
A esta diligencia deberán concurrir de manera obligatoria las entidades públicas demandadas y el representante del Ministerio Público.
El pronunciamiento sobre las pruebas pedidas y aportadas, entre ellas el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la actualización catastral, será adoptado en la oportunidad procesal correspondiente.
