Una mujer logró justicia tras hacerse viral denunciando en redes, pero menor victima de abuso siguen en el olvido.
Editor 
La reciente victoria de una mujer en Paz de Ariporo, que tras denunciar en redes sociales una violenta agresión sexual y un asalto, logró que en cuestión de horas las autoridades emitieran órdenes de captura contra sus agresores y un juez les dictara medida de aseguramiento en centro carcelario, fue ampliamente celebrada por la comunidad. Su valentía al exponer su caso evidenció, una vez más, las grietas de un sistema judicial que muchas veces solo reacciona ante la presión mediática.
Sin embargo, esta misma historia deja al descubierto una realidad más profunda: las decenas de víctimas de violación que aún permanecen en la impunidad y a las que nadie les ha prestado atención.
Un ejemplo de ello es el caso del abogado Andrés Felipe Rico Camargo, denunciado el 16 de julio de 2013 por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. A la fecha, más de una década después, el proceso no ha tenido ningún resultado.
Personas cercanas a la víctima, denuncian que maniobras dilatorias y vacíos normativos han permitido que el presunto agresor evada cualquier responsabilidad. Los denunciantes se preguntan si también será necesario grabar videos y publicarlos en redes sociales, junto con el acervo probatorio que han aportado durante más de diez años, para que el sistema judicial reaccione y se logre una condena ejemplar.
La situación se hace más relevante al revisar los antecedentes recientes de Rico Camargo.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal declaró improcedente una acción de tutela presentada por el abogado en un caso de custodia de una menor, al establecer que actuó con un poder otorgado por una persona que ya había fallecido al momento de la presentación del amparo.
Rico Camargo presentó un poder firmado por la tutora de la niña en enero de 2024, cuando se lograron demostrar en el proceso que esta persona había fallecido en diciembre de 2023. El juzgado, como es su deber, compulsó copias a la Fiscalía para iniciar la investigación pertinente.
Este caso es un llamado de atención a las autoridades, pues refleja una problemática recurrente en el departamento: hay cientos de procesos en los que incluso cuando se logra una condena, los agresores son cobijados con detención domiciliaria, irónicamente en la misma casa donde reside la víctima.
También se conocen casos de mujeres que fueron violentadas cuando eran niñas y que, al llegar el fallo, siendo ya adultas, prefieren renunciar al proceso para no revivir ese viacrucis.
El sistema judicial colombiano tiene mucho por mejorar, y la ciudadanía lo sabe. La victoria de una mujer no puede ocultar la dolorosa realidad de tantas otras que aún esperan justicia.
