Claudia Villada 
La Alcaldía de Yopal anunció con entusiasmo a travéz de sus redes sociales, la intervención de 12 kilómetros de vía que conectan la capital casanareña con el centro poblado San Rafael de Morichal.
La obra que se ejecutaría en alianza con empresas privadas, fue presentada como un logro de gestión. Sin embargo, el proyecto desató críticas luego de que el propio gobierno municipal reconociera públicamente la participación de inmobiliarias que adelantan loteos irregulares en el sector.
Varias de estas empresas han sido sancionadas por la misma Administración Municipal por no cumplir con los requisitos legales exigidos para urbanizar, como licencias ambientales y permisos de construcción.
A pesar de ello, la administración municipal les abre las puertas para intervenir en una obra pública, generando serios cuestionamientos sobre el doble discurso del gobierno local.
Tras la publicación del anuncio en redes sociales, la comunidad reaccionó con indignación. Las críticas no se hicieron esperar y la Alcaldía optó por borrar rápidamente la publicación, aunque el daño ya estaba hecho.
Para muchos ciudadanos, la actuación de la administración fue contradictoria, mientras emite comunicados advirtiendo sobre el riesgo de invertir en estos proyectos, termina buscando el apoyo y reuniéndose con estos cuentionados empresarios con el objetivo de ejecutar obras públicas.
Aunque aún no se ha confirmado desde el punto de vista jurídico si estas empresas incurren en captación ilegal de dinero, tanto la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio adelantan investigaciones para determinar si su operación tiene respaldo jurídico y si los recursos recaudados a través de planes de loteo están legalmente sustentados.
De manera paralela hace pocos días, el Consejo de Estado admitió una acción popular contra estas urbanizaciones, señaladas de poner en riesgo el patrimonio de cientos de familias. El proceso busca establecer responsabilidades y si ha existido omisión o permisividad por parte de las autoridades locales, que habrían permitido la proliferación de más de 30 proyectos de loteo sin requisitos mínimos.
En esta Acción Popular, se solicita la suspensión inmediata de todos estos proyectos, entre otras solicitudes de los demandantes, cosa que las autoridades, evidentemente han hecho oídos sordos.
Valdría la pena que la Secretaría de Obras y la misma Alcaldía, aclaren cuales fueron los convenios o los compromisos adquiridos con estas cuestionadas empresas, cual sería el alcance de su participación en esta obra pública.
