Una controversia entre el alcalde de Arauca capital y el secretario de Gobierno del municipio de Yopal volvió a poner en el centro del debate público a los habitantes de calle, una población que, para muchos, ha quedado en el olvido.
El secretario de Gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, había señalado que la administración municipal de Arauca estaría enviando personas en situación de calle hacia la capital de Casanare, lo que, según él, habría contribuido a aumentar los índices de inseguridad en la ciudad.
La respuesta del alcalde araucano, Juan Quenza, no se hizo esperar. En un video que rápidamente se viralizó, el mandatario le respondió con crudeza: “vaya a trabajar”. Aseguró que no ha enviado a nadie, que lo único que ha hecho es ejercer control sobre esta población, devolviendo a sus lugares de origen a quienes no pertenecen a Arauca y ofreciendo rehabilitación a sus propios conciudadanos.
Pero el problema de fondo no es nuevo. El 25 de octubre de 2019, un fallo de tutela ordenó al municipio de Yopal y a la Gobernación de Casanare diseñar, de manera conjunta, un programa piloto para la atención de los habitantes de calle en su territorio, en cumplimiento de la Ley 1641 de 2013, la experiencia comparada y los principios de protección reforzada establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Ese programa debía incluir, como mínimo, componentes de salud, desarrollo integral, albergue transitorio y capacitación laboral, con un equipo interdisciplinario que acompañara a estas personas en el fortalecimiento de su autoestima, su seguridad y su realización como ciudadanos plenos. Pero como ha ocurrido con tantas otras disposiciones judiciales en el país, la orden quedó en el papel.
Hoy, a dos años de gestión de los actuales mandatarios, las acciones concretas han sido más simbólicas que estructurales. Kits de aseo, ropa, una comida caliente: medidas necesarias, sí, pero insuficientes para quienes viven en condiciones de profunda vulnerabilidad.
El alcalde de Arauca tiene razón en algo: es urgente que cada territorio atienda a sus propios habitantes de calle y que las autoridades locales ejerzan control efectivo. Pero eso no resuelve el drama humano de quienes, sin techo ni oportunidades, deambulan por las calles de ambas capitales.
Un ejemplo que duele es el de un hombre que padece tuberculosis y que, ante la indiferencia estatal, ha recibido atención solo por la solidaridad de vecinos que con sus propios recursos lo han llevado a recibir tratamiento. ¿Hasta cuándo será la comunidad la que supla la ausencia del Estado?
Los comerciantes han sido los más afectados con el aumento de la delincuencia y la presencia de los habitantes de calle que invaden sus andenes e incomodan a sus clientelas; hace pocos días apareció un video donde un habitante de calle conocido con el alias de “Pelúca”, aparentemente oriundo de Arauca, afirmaba haber sido “enviado” desde ese municipio hacia Yopal. Las palabras encendieron aún más la polémica.


Sin embargo, defensores de derechos humanos que han acompañado de cerca a esta población desmintieron la versión. El hombre fue identificado como Jhon Alexander Sánchez Sánchez, una persona que aparece en los censos de habitantes de calle de Yopal desde el año 2023. En la grabación, además, se le ve usando una peluca ensortijada, un detalle que, según quienes conocen su historia, habría sido parte de un intento por modificar su apariencia. La maniobra, dicen, terminó desdibujando cualquier credibilidad en su declaración.
El episodio deja una pregunta incómoda: mientras las administraciones se señalan mutuamente, los habitantes de calle siguen siendo un problema que nadie resuelve de fondo. Una población que sobrevive en el límite, a la espera de que alguna vez, más allá de los discursos y las disputas políticas, exista una política pública que les devuelva la dignidad.




