Vehículo compactador de la EAAAY accidentado no contaba con seguros, Denunció Concejal de Yopal.
Prensa
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El concejal Leonardo Infante Tovar ha presentado una denuncia disciplinaria contra Judy Stella Velásquez Herrera, agente especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY). La denuncia, radicada ante la Procuraduría Regional de Casanare, alega graves negligencias en el aseguramiento de vehículos oficiales, lo que ha puesto en riesgo el patrimonio público.
El detonante de esta controversia fue un accidente ocurrido el 27 de abril de 2024, cuando un camión compactador de la EAAAY, identificado con placa OSE935, colisionó con un tractocamión en la vía que conduce de Yopal a Paz de Ariporo. Según Infante Tovar, tras el incidente se descubrió que el vehículo oficial no contaba con el seguro requerido para cubrir daños a terceros o al mismo automotor.
«Es inaceptable que bienes del Estado no estén debidamente asegurados», declaró Infante Tovar. «Esto no solo viola normativas disciplinarias, sino que también expone a la entidad a serios riesgos financieros».
La denuncia señala inconsistencias en las fechas de contratación del seguro. Aparentemente, se suscribió un contrato con Seguros del Estado S.A. el 29 de abril, apenas dos días después del accidente. Sin embargo, la póliza indica como fecha de expedición el 17 de agosto de 2024, lo que genera dudas sobre la veracidad de los documentos y podrían estar en curso de una posible falsedad en documento de parte de la Superservicios.
El concejal argumenta que estas acciones podrían constituir una falta disciplinaria según el Código General Disciplinario, específicamente el artículo 57, que sanciona el no asegurar por su valor real los bienes del Estado. «La negligencia de la gerencia de la EAAAY ha puesto en jaque la integridad de los recursos públicos», enfatizó.
La comunidad yopaleña sigue de cerca este caso, que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los activos estatales; con el agravante de que sería la misma entidad que se supone debe vigilar este tipo de conductas de las empresas de servicios públicos.
Mientras tanto, la Procuraduría deberá evaluar los méritos de la denuncia y determinar si procede una investigación formal.
