Víctima de ataque sicarial denuncia presunta complicidad de funcionarios con banda de ladrones de motocicletas.

Esta es la denuncia que presentó a la opinión pública un residente de Aguazul, que relata como se vio envuelto en una angustiante epopeya que comenzó con el hurto de su motocicleta, un episodio que, en lugar de culminar con la justicia, pareció desvelar una preocupante red de complicidades y negligencias dentro de las autoridades locales.

Todo inició en la madrugada del 30 de octubre de 2024, cuando al dejar su nueva motocicleta, una XTZ negra modelo 2025, fuera de su hogar en el barrio Senderos del Oriente del municipio de Aguazul, allí fue blanco de una banda de ladrones.

Una vecina, testigo del intento de robo, alertó al propietario, quien logró espantar a los delincuentes, recuperando su vehículo aunque seriamente dañado en el proceso, con reparaciones que rozaron los dos millones de pesos.

La esperanza de una pronta resolución se encendió brevemente cuando el Gaula y la policía, respaldados por el ejército, lograron capturar a tres menores en Barrancaupía, municipio limitrofe entre los departamentos de Meta y Casanare, al rededor de dos horas de camino de Aguazul; presuntamente vinculados a este hurto y a otros tres más en la misma noche.

Los implicados fueron identificados como miembros de una conocida banda de ladrones de motos, entre ellos un individuo con los alias de «Sosa» y «Eric» Este último, al parecer cuenta con un extenso historial delictivo y en ese momento bajo casa por cárcel con brazalete electrónico, y quien fue posteriormente objeto de una orden de captura por considerarse un peligro para la sociedad.

El asombro del ciudadano fue mayúsculo al enterarse de que estos individuos, con sus antecedentes, habían sido puestos en libertad.

Pocos días después, mientras se dirigía a realizar una diligencia personal, el horror se desató. A la altura de la vía séptima, en un sector clave que conecta varias localidades, fue emboscado. Cuatro disparos impactaron su cuerpo, hiriéndolo gravemente en el hombro, antebrazo, cabeza y piernas, mientras su motocicleta era arrebatada de manera definitiva.

Con la vida pendiendo de un hilo y gravemente herido, el afectado tuvo que abrirse paso por sus propios medios hasta el hospital de Aguazul, una travesía llena de dolor y desesperación. La policía hizo acto de presencia solo cuando ya estaba recibiendo atención de urgencias. Una teniente, la comandante de Estación en ese entonces, visiblemente sorprendida, cuestionó a los patrulleros de la zona por su inacción, a pesar de estar próximos al lugar del ataque.

Posteriormente, la propia investigación que adelantó el denunciante, lo llevó, dice él. a identificar a un individuo (que por razones legales nos reservamos su nombre), supuestamente propietario de un taller en el municipio, como uno de los atacantes y pieza clave en esta red delictiva.

Desde el día del ataque sicarial, la motocicleta desapareció sin dejar rastro, sumiéndose en el mercado negro.

La cadena de eventos se volvió aún más perturbadora con la comprobación de parte de la victima de la presunta desaparición sistemática de pruebas y la aparente indiferencia de las autoridades.

Los cartuchos y balas del ataque, que el ciudadano entregó con la esperanza de que sirvieran como evidencia contundente, nunca llegaron a manos del fiscal. La denuncia del primer hurto también se extravió inexplicablemente, dejando el expediente vacío de elementos fundamentales.

La solicitud de videos de cámaras de seguridad, gestionada meses después, recibió una respuesta tardía e infructuosa: los videos ya no existían debido a la renovación de las grabaciones. La Secretaría de Gobierno sugirió que la Sijín debería haber tenido acceso a estas grabaciones, pero la institución respondió dos meses más tarde con la misma desoladora noticia, generando una profunda sensación de burla y frustración en el ciudadano victima de hurto y negligencia.

El ciudadano, sin pelos en la lengua, denunció lo que considera una «negligencia cómplice» y la «pérdida de la denuncia y pruebas» por parte de autoridades judiciales y administrativas. Con una convicción férrea, expresó su creencia de que existe una complicidad alarmante: «los ladrones trabajan de acuerdo con el tiempo que la policía les dé para poder hacer sus fechorías» manifestó.

Su casa fue atacada con piedras, destrozando sus ventanas, precisamente mientras él presentaba la segunda denuncia, un incidente que el investigador manejó con una pasmosa e inaceptable calma. Las pesquisas personales del ciudadano, apoyadas por el Gaula Militar, apuntan a la participación de un comerciante de Aguazul, quien presuntamente, junto a socios, propietarios también de locales comerciales en Yopal, supuestamente operaría un negocio de autopartes como fachada para el hurto y la venta de repuestos hacia Arauca y Villavicencio.

Las llamadas intimidatorias al parecer desde la cárcel, añadieron una capa más de terror a su calvario.

El denunciante también manifestó que el fiscal que lleva su caso, con una actitud que rayó en la indolencia, desestimó estas amenazas, indicándole que no era su problema.

La amarga conclusión del ciudadano es que las autoridades de la Sijín y la Fiscalía, de manera implícita, lo han «mandado prácticamente» a investigar por su cuenta a quienes le dispararon.

Este viacrucis ha sumido al ciudadano en un estado de zozobra permanente, sintiéndose inseguro en su propio municipio después de 19 años de residencia, y con la dolorosa certeza de que se ha involucrado en una situación que lo expone a un riesgo constante, sin el respaldo necesario de quienes deberían protegerlo.