Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos a nivel nacional, lanzó fuertes críticas durante su visita a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY SA. ESP.). El funcionario aceptó la incapacidad del gobierno central y las autoridades de control para salvaguardar la integridad de la empresa.
El Superintendente aceptó que la intervención previa, liderada por Luz Amanda Camacho Sánchez, fue un absoluto desastre; la exagente interventora dejó a la empresa con una deuda de más de 10,000 millones de pesos, desvió fondos para respaldar una campaña política, según investigaciones de la fiscalía, para un candidato a la alcaldía de Yopal por el Partido Alianza Verde y enfrentó sanciones que resultaron en su suspensión para ejercer cargos públicos cuando se desempeñaba en uno de los cargos asignados por la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, también del partido Alianza Verde.
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Estos antecedentes plantean serias dudas sobre la verdadera motivación detrás de la nueva intervención, especialmente al coincidir con las últimas semanas de las campañas políticas regionales.
El superintendente anunció que presentarán un informe detallado de los hallazgos fiscales o disciplinarios en la empresa en la primera semana febrero de 2024, generando escepticismo sobre la autenticidad de dicho informe que justificará la intervención; la conexión política se hizo más evidente al reunirse únicamente con candidatos respaldados por el partido verde en la región.
La situación se complica aún más con la revelación de que vehículos compactadores recién entregados, supuestamente nuevos, están misteriosamente averiados.
La recolección de residuos, ahora involucra el uso de volquetas, una práctica que levanta serias interrogantes; se observa un incumplimiento de las normativas que la Superintendencia, en su función reguladora, debería asegurar para la correcta gestión de los residuos, las volquetas no se ajustan a dichas normas, presentando deficiencias tales como la exposición de los residuos, la falta de contención de lixiviados, además de representar un riesgo para los operarios que se desplazan en estos vehículos.
Entonces, si no hay dinero para pagar sueldos y honorario de empleados y contratistas y ni siquiera a proveedores, ¿de donde sale el dinero para contratar volquetas para recolectar la basura?, ¿Quién es el propietario de las volquetas?, ¿Por cuánto tiempo y que monto tiene dicho contrato?
A esta situación se suma el aumento exponencial que ha sufrido el cobro del servicio para los usuarios, que se refleja en a las facturas mensuales y no se ve reflejado en la calidad del servicio, que debería ser garantizado precisamente por la superintendencia e irónicamente, son los que están incumpliendo.
Según informaciones provenientes de empleados de la EAAAY, existe la sospecha de que los vehículos recién adquiridos fueron saboteados de manera deliberada por otros miembros de la entidad. Se presume que este acto tiene como objetivo proporcionar razones para respaldar la intervención. No obstante, se espera que estos vehículos, al ser nuevos, cuenten con alguna forma de garantía y que exista una persona designada específicamente para su mantenimiento, la respuesta de la agente interventora Yudi Estela Velásquez Herrera manifestó que los vehículos quedaron fuera de servicio por el exceso de horas de trabajo.
La respuesta del superintendente a la preocupación de la comunidad sobre la garantía de una intervención adecuada fue poco convincente: «Solo tienen mi palabra de que esta vez vamos a hacer las cosas bien». Una afirmación que deja a la comunidad yopaleña con más interrogantes que respuestas.
Adicionalmente, la contratación de personal externo traído de la ciudad de Bogotá por parte de la Agente interventora Yudi Estela Velásquez Herrera desplazando mano de obra local y un supuesto préstamo millonario, que el superintendente niega, añaden capítulos oscuros a la narrativa.
La empresa ha experimentado un deterioro evidente desde la intervención, con atrasos salariales y la falta de prima navideña para gran parte del personal.
La fecha lejana para la presentación del informe técnico suscita sospechas, dando a entender que la intervención podría ser un montaje para que los sindicatos tomen el control de la empresa, pues fueron ellos los que gestionaron ante el gobierno nacional y solicitaron a la superintendencia la intervención de la empresa.
Jairo Palacios, integrante de la veeduría de agua potable para Yopal, manifestó que se busca que la EAAAY tenga un modelo similar al que se está aplicando en la empresa de servicios públicos de Saravena Arauca, la cual es una empresa de economía comunitaria de carácter privado.
La incertidumbre persiste en Yopal ante estos eventos que amenazan la estabilidad y eficiencia de los servicios públicos esenciales.