Un aumento del 23.8% en el salario mínimo para el año 2026 ha generado una ola de advertencias por parte de diversos analistas económicos y sectores financieros del país.
Esta medida, defendida por el presidente Gustavo Petro, se fundamenta en la búsqueda de un salario vital que cumpla con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. El objetivo central es que las familias logren costear de manera digna sus necesidades esenciales, desde la alimentación y la salud hasta la educación y el transporte.

El mandatario sostiene que este tipo de ajustes que lleva el salario que recibe el trabajador al rededor de 2 millones de pesos, no solo dignifica el esfuerzo del trabajador, sino que históricamente ha demostrado que el desempleo puede bajar a medida que el salario sube.
Expertos de la consultora Integral Soluciones Pensionales calificaron la propuesta como una decisión con altos riesgos fiscales, pues estiman que incrementaría la nómina de Colpensiones en 6,7 billones de pesos y profundizaría el déficit del presupuesto nacional.
En los mercados financieros, la noticia ya provocó movimientos inmediatos. Las tasas de los títulos de deuda pública a diez años subieron de forma abrupta en una sola jornada, lo que refleja el nerviosismo de los inversionistas ante una posible presión inflacionaria que obligue al Banco de la República a elevar sus tasas de interés.

Desde la perspectiva del sector productivo, la preocupación se centra en la capacidad de las empresas para asimilar este incremento sin afectar la estabilidad del empleo formal. Analistas consideran que un alza de esta magnitud eleva los costos de contratación, lo que podría empujar a muchas pequeñas y medianas empresas hacia la informalidad al no poder absorber los nuevos gastos laborales.
Además, existe el riesgo de que estos costos se trasladen directamente a los precios de los servicios básicos, tarifas de transporte público, las administraciones de edificios y los productos de consumo masivo de la canasta familiar.
En el ámbito político, el senador Juan Espinal ha manifestado que la medida carece de sustento técnico y responde más a intereses electorales que a la realidad de la productividad del país. El analista afirma que la economía colombiana entrará en un periodo de prueba donde la mejora nominal del ingreso se enfrentará al desafío de no ser devorada por el costo de vida.
las reacciones en redes sociales a favor y en contra no se hicieron esperar.


