Menor en Aguazul a punto de perder uno de sus ojos tras lesión ocular en un colegio
Claudia Villada
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En el colegio Camilo Torres de Aguazul, una niña de 9 años sufrió una lesión ocular, tras ser accidentalmente golpeada por un compañero con una tijera.
La situación, ocurrida el pasado 10 de septiembre, ha generado críticas por la falta de atención inmediata y las aparentes omisiones de las instituciones responsables.
Según relató la madre de la menor, las directivas del colegio no remitieron a la niña a un centro médico tras el accidente, limitándose a entregarla a la familia con una recomendación general de «cuidarla mucho». Al llegar a casa, la menor comenzó a manifestar dolor, ardor y visión borrosa en el ojo izquierdo, lo que llevó a su madre a buscar atención en el Hospital de Aguazul.
En ese centro asistencial le informaron que era necesario trasladarla al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), pero la falta de disponibilidad de ambulancias obligó a la madre a realizar el traslado en un bus de trasnporte intermunicipal.
Tras una primera intervención en el HORO, la madre decidió buscar una opinión médica particular, donde le recomendaron una segunda cirugía y seguimiento especializado debido a las secuelas en el iris, retina y globo ocular de la menor.
La niña continúa presentando visión borrosa y requiere atención urgente por parte de un retinólogo pediátrico en Bucaramanga, trámite que se encuentra detenido debido a demoras en la autorización por parte de CAPRESOCA y la red prestadora de servicios.
La madre también ha denunciado la falta de respuesta de la Secretaría de Educación Departamental, a la que ofició formalmente sobre el incidente, sin obtener soluciones concretas. Además, señaló que el colegio firmó un acta de responsabilidad limitada, negando su implicación en el accidente, e incluso insinuó que la madre buscaba algún provecho indebido con la situación.
La familia solicita apoyo para garantizar el traslado de la menor a un centro especializado en oftalmología pediátrica y que CAPRESOCA agilice los trámites pendientes. El caso pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de atención en las instituciones educativas y la eficacia de las redes de salud frente a emergencias que comprometen la integridad de los menores.
