El Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare negó las medidas cautelares solicitadas por Heyder Alexander Silva García en el marco de un proceso judicial que busca proteger los derechos colectivos relacionados con la seguridad social en salud y el patrimonio público. La decisión, emitida el 13 de diciembre de 2024, rechaza las peticiones de redistribución equitativa de recursos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la suspensión de cualquier proceso de liquidación contra Capresoca EPS.
Entre los argumentos presentados, la parte demandante señaló la posible interrupción de servicios médicos para más de 25.000 pacientes de alto costo debido a deudas acumuladas con las instituciones prestadoras de salud (IPS). También se argumentó que un eventual proceso de liquidación pondría en riesgo la atención de afiliados, especialmente aquellos en condiciones de alta vulnerabilidad.
Argumentos de las Partes:
ADRES: Indicó que Capresoca EPS se encuentra bajo medida de intervención administrativa desde octubre de 2024, sin un proceso de liquidación en curso, lo cual hace innecesaria la medida solicitada.
Capresoca EPS: Argumentó que los recursos asignados bajo el sistema de giro directo están regulados por decretos vigentes y que la intervención busca estabilizar la operación de la EPS, garantizando la prestación de servicios.
Ministerio Público y Superintendencia Nacional de Salud: Ambos señalaron que las solicitudes no cumplen los requisitos legales para su aprobación, al no demostrar un daño inminente o la necesidad de estas medidas para prevenir perjuicios graves.
El magistrado Leonardo Galeano Guevara resolvió que las medidas cautelares solicitadas carecen de soporte argumentativo y probatorio suficiente. Además, se estableció que la intervención forzosa administrativa tiene como objetivo estabilizar la operación de la EPS, no liquidarla. Por tanto, no se evidenció un riesgo inmediato para los servicios de salud de los afiliados.
El fallo reafirma que la atención en salud para los afiliados de Capresoca EPS debe continuar garantizada bajo la actual intervención administrativa, mientras se desarrolla el proceso judicial para determinar la viabilidad de las solicitudes del demandante. Este caso refleja los retos que enfrenta el sistema de salud en términos de sostenibilidad financiera y acceso a servicios para la población más vulnerable.