Claudia Villada 
El servicio de transporte público urbano en Yopal se paralizó completamente el pasado 5 de noviembre, tras una escalada de ataques violentos contra conductores, quienes se declaran en estado de vulnerabilidad frente a grupos delincuenciales que exigen pagos de extorsión.
La medida, tomada de manera unánime por el gremio, se mantuvo durante casi todo el día, las amenazas que inicialmente circulaban por mensajes digitales y algunos panfletos dejados en paradas de buses, ese mismo día se materializaran en agresiones físicas.
El ataque que originó el cese de actividades se registró en el sector de Torres del Silencio, donde tienen su base principal los buses urbanos; en pleno mediodía, un hombre vestido de negro disparó contra un conductor, hiriéndolo con lo que, según las autoridades, al parecer es un arma traumática, dejando el impacto de bala a un costado del automotor, antes de escapar en motocicleta. Estos hechos confirmaron los peores temores: las advertencias dejadas en panfletos en las paradas esa misma mañana por estos grupos delincuenciales se estaban haciendo realidad.
En otro incidente particularmente grave sucedido unos días atrás, un conductor de la ruta 508 de Cocatrán recibió disparos cerca de Llanolindo al resistirse a un asalto, resultando con heridas críticas en la columna y el hombro.
Testigos recuerdan con angustia cómo ningún pasajero se atrevió a auxiliarlo, siendo otro transportador, quien al enterarse del ataque, desvió su ruta para llegar a auxiliar a su compañero, le brinda los primeros auxilios con ayuda de una mujer que se decidió a colaborar, lo trasladó al hospital en su bus suplicándole que no perdiera la conciencia y lo entrega en la sección de urgencias del centro asistencial donde fue atendido.
Los propietarios de los vehículos expresan una profunda desazón. Muchos explican que sus unidades están altamente endeudadas y que los ingresos apenas alcanzan para el sustento familiar y el mantenimiento de busetas antiguas. «Es desalentador ver que se premia al bandido y no al que lucha por sacar adelante a su familia», comentan con resignación un propietario.
Frente a esta situación, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía de Casanare, se reunió con los afectados y anunció un plan especial de seguridad. Instó a los conductores a formalizar las denuncias y evitar pagar extorsiones.
Sin embargo, el gremio exige refuerzos adicionales, incluyendo al Gaula, la Sijín y el Ejército, especialmente en horarios nocturnos. Mientras tanto, Yopal permaneció semiparalizado casi todo el día, con una ciudadanía que mira con preocupación cómo la inseguridad frena la vida diaria.
Durante la tarde del día del atentado, circuló un panfleto de una organización delincuencial autodenominada O.F.D.Y., que actuaba a nombre de alias «Mamadeo». En el documento, esta organización exige a varios establecimientos comerciales de Yopal que se comuniquen con ellos, y aclara que no tiene relación con otro grupo de delincuencia organizada que opera en la región, autodenominado Renacer ERPAC.
De manera extraoficial se ha conocido que numerosos establecimientos comerciales estarían accediendo a las exigencias económicas de estos grupos al margen de la ley, cabe recordar que actualmente las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por la captura de alias «Mamadeo».
