La elección del Secretario General en Yopal se ha topado con un grave traspié, suscitando una oleada de preocupación en la ciudadanía. El Concejo Municipal decidió suspender el proceso de selección para el periodo 2026-2027, luego de que la entidad contratada para la evaluación, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), notificara la inexplicable desaparición de las pruebas escritas aplicadas a los aspirantes.
Es una situación atípica que, naturalmente, ha encendido las alarmas sobre la transparencia del concurso.
El presidente de la corporación municipal no dudó en catalogar el hecho como «de suma gravedad», asegurando que esta pérdida, reportada por la UPTC al indicar que los exámenes «no fueron encontrados en el lugar donde se depositaron,» compromete seriamente la credibilidad que tanto se buscaba en el proceso.
Es importante aclarar que la corporación edilicia insistió en que no tiene responsabilidad directa en el hecho, pues la custodia del material evaluativo recaía completamente en la universidad contratada.
Ante este delicado panorama, el Concejo ha sido claro en su actuar: no pueden seguir adelante con un proceso que tenga «una sombra de duda». La corporación solicitó de inmediato a la UPTC un informe técnico, cronológico y certificado para esclarecer detalles cruciales, como la identidad de los responsables de la custodia y el momento exacto en que se rompió la cadena de custodia.

La resolución fue comunicada oficialmente a la Personería Municipal de Yopal y a la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare, buscando que los entes de control funjan como garantes de la legalidad.
La noticia, que se dio a conocer justo cuando los participantes esperaban la publicación de los resultados preliminares el 12 de noviembre, generó una profunda indisposición entre los aspirantes.
Las voces de duda sobre la idoneidad del concurso, de hecho, ya venían sonando fuerte. Aspirantes como Carlos Betancur, quien finalmente optó por retirarse el día que presentó esta prueba escrita, habían manifestado públicamente severas inconsistencias en la evaluación misma. Él reportó la presencia de preguntas repetidas, contenido que no se ajustaba a la naturaleza del cargo (incluyendo temas del sistema general de regalías), y hasta un error de ortografía, escribiendo «conejo municipal de Yopal». Este aspirante lamentó que, a pesar de la inversión de 35 millones de pesos en una universidad de alta calidad, el proceso estuviera «aún más lleno de dudas», incluso peor que remedios anteriores.
Sumado a la pérdida de pruebas, este mismo participante señaló presuntos conflictos de interés, pues la actual Secretaria General y otra abogada que aspira al cargo participaron en la estructuración, firma y gestión de documentos clave del proceso contractual con la UPTC. El aspirante retirado ha solicitado a los entes de control que investiguen esta situación para disipar todo manto de duda que politice un cargo que, por naturaleza, debería ser netamente administrativo.
Mientras la UPTC habla de un «lamentable insuceso» y solicita comprensión, el Concejo de Yopal queda con su capacidad institucional bajo intenso escrutinio. La suspensión de seis días es solo un primer paso.
La decisión de anular el proceso y potencialmente tener que repetirlo, con el consecuente gasto de otros 35 millones de pesos provenientes del bolsillo ciudadano, o si se encuentra la manera de continuarlo, dependerá enteramente de las respuestas técnicas y certificadas que entregue la universidad y de las directrices de los entes de control.
Es como si el cofre que guardaba el mapa de ruta para la transparencia ahora estuviera vacío, dejando a la corporación buscando las herramientas jurídicas adecuadas para recuperar la confianza perdida.
