La Contraloría General de la República emitió una alerta por la inusual concentración de contratación pública registrada en la primera semana de noviembre, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Durante esos siete días, el Estado comprometió $9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos.
El punto más crítico se presentó el 7 de noviembre, último día antes de las restricciones electorales. Ese día solo se suscribieron $6,1 billones, equivalentes al 68% del total de la semana. Esta cantidad representa 2,9 veces el promedio mensual observado entre enero y agosto de 2025, que fue de $2,1 billones, lo que evidencia un incremento del 190% frente al comportamiento habitual.
Este patrón de concentración en una sola fecha es señalado por el organismo de control como un indicador crítico de posibles fallas en la planificación y de aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral. El Departamento de Prosperidad Social fue la entidad con mayor concentración, con $770 mil millones, equivalentes al 8,5% del total.
La Contraloría adelanta un seguimiento exhaustivo a los contratos suscritos durante septiembre, octubre y los primeros días de noviembre, con el fin de identificar operaciones sensibles y garantizar que los recursos públicos no se utilicen en contravención de la ley.
