El Laberinto Financiero de la EAAAY: ¿Estabilización o Profundización del Déficit Histórico?
Claudia Villada 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), intervenida desde octubre de 2023, se encuentra en el centro de una profunda controversia financiera tras la rendición de cuentas del agente especial, Diego Fernando Ramírez Naizaque, ante el Concejo Municipal el 18 de noviembre de 2025. El informe oficial de la gerencia presentó una fotografía que contrasta fuertemente con las advertencias de los veedores ciudadanos y los pronunciamientos de figuras políticas, dejando en el aire la pregunta sobre el verdadero estado de la entidad.
Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios gestionaba la empresa, la senadora Sonia Bernal, quien ha participado en reuniones sobre el futuro de la EAAAY, afirmó que la intervención no ha entregado los resultados esperados.
Las veedurías ciudadanas y expertos compartieron una estimación alarmante: el déficit de la compañía, que al momento de la intervención se ubicaba alrededor de los $7.000 millones de pesos, ahora supera los $30.000 millones. Este crecimiento de la deuda, pasando de casi $8.000 millones a más de $30.000 millones, hace que la devolución de la empresa al municipio en las condiciones actuales sea considerada inviable.
Los críticos señalan que las fallas originales que motivaron la medida —como la contabilidad incorrecta del agua y el servicio ineficiente— no solo persisten, sino que se han intensificado, sumando nuevas dificultades, como la acumulación de deudas con proveedores.
La Reversión Financiera: Utilidad Operacional frente a Pasivos Millonarios
Sin embargo, el informe oficial del Agente Especial Ramírez Naizaque, basado en el estado de resultados, apunta a una reversión histórica en la tendencia de las pérdidas, un hecho que el interventor destacó como señal de que la empresa ha detenido la «hemorragia financiera».
Según los datos presentados, la EAAAY registró pérdidas netas de $11.207,8 millones en 2023 y $6.693,1 millones en 2024, lo que ratifica la gravedad de la crisis heredada. No obstante, a corte de septiembre de 2025, la compañía logró pasar a una Utilidad Neta de $208,9 millones. Esta cifra, que implica que los ingresos operativos cubren los gastos por primera vez en años, es el principal argumento de la intervención para mostrar una estabilización. Adicionalmente, el efectivo o equivalentes de la empresa mostró un incremento considerable, alcanzando los $15.173 millones a septiembre de 2025, frente a los $5.735 millones de septiembre del año anterior.
La alta carga administrativa también fue un punto de tensión. Se indicó que la nómina y los gastos de personal de la empresa superan el 52% de los ingresos corrientes. En ese contexto, la senadora Bernal y los veedores han catalogado como ofensivo que el 60% de los ingresos se destine a pagar los «altísimos sueldos» de los funcionarios designados por la Superintendencia y los bonos sindicales, alegando que esto profundizó el descalabro.
El Peso de las Deudas Históricas
La cifra de los $30.000 millones señalada por los veedores y la senadora probablemente se relaciona con el abrumador volumen de pasivos heredados, que el propio informe del Agente Especial confirma.
A pesar de la utilidad operativa reportada, la empresa arrastra obligaciones a corto plazo (pasivos corrientes) que ascienden a $59.438 millones a septiembre de 2025. La mayor parte de esta deuda corresponde a Cuentas Comerciales por pagar, principalmente a proveedores, que suman $31.734 millones.
Un ejemplo del impacto de esta situación se vive con la Alcaldía de Yopal, que adeuda $1.795 millones a la empresa por subsidios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.
Además de la deuda con terceros, la EAAAY sigue luchando en el frente judicial contra los contratos de colaboración estratégica firmados en 2022. El Contrato 148.22, destinado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tiene un valor de $305.550 millones de pesos.
De manera crucial, el equipo jurídico de la EAAAY logró suspender la cláusula compromisoria, evitando acudir a un costoso tribunal de arbitramento con un valor estimado de $7.000 millones. Este logro mitiga una pérdida potencial, pero el proceso de nulidad, terminación y liquidación del contrato sigue en curso y representa un riesgo financiero latente.
La Superintendencia tiene hasta la primera semana de diciembre para definir si la empresa retorna al municipio o si, por el contrario, se opta por su liquidación o privatización.
En resumen, surge una pregunta, ¿quién tiene razón?, ¿hay un déficit de 30.000 millones o la empresa está en franca recuperación?.
