Asamblea Constituyente, el plan de Petro para aprobar sus reformas mediante una “iniciativa popular”.
Claudia Villada 
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido mover sus piezas hacia una Asamblea Nacional Constituyente tras encontrar un muro infranqueable en el Congreso de la República para sus propuestas de reformas sociales.
Con la inscripción formal de un comité promotor ante la Registraduría Nacional, el Ejecutivo busca ahora el respaldo ciudadano para transformar cimientos del Estado que considera oxidados o insuficientes.
Entre los puntos que más debate generan se encuentra la intención de modificar el modelo económico actual para darle paso a una economía popular y solidaria, lo que implicaría restarle autonomía al Banco de la República. El documento base de esta iniciativa sugiere que la política monetaria y la banca pública deben ser rescatadas para fomentar el empleo masivo y eliminar la tercerización laboral.
Además de los cambios económicos, la propuesta contempla una cirugía profunda al sistema judicial mediante la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo que reemplazaría a la actual Corte Constitucional.
Para el gobierno, esta nueva instancia tendría facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas y asegurar que la justicia no sea utilizada como un instrumento de retaliación política. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien lidera el comité, argumentó que este mecanismo es la respuesta necesaria ante un supuesto bloqueo institucional que ha limitado la garantía de derechos fundamentales en el país.
Mientras el gobierno defiende esta ruta como una forma de hacer realidad el estado social de derecho, críticos y analistas advierten que la propuesta busca ahondar en divisiones ideológicas y afianzar una narrativa populista frente a las élites.
Por su parte, Petro ha rechazado de forma tajante las acusaciones de quienes lo tildan de querer perpetuarse en el poder, afirmando que no tiene intenciones de ser un dictador y que la Constituyente es para el pueblo.
Mientras el Ejecutivo acelera el paso con esta iniciativa popular, expertos constitucionalistas recuerdan que la Constitución es la norma de normas y que cambiarla simplemente porque no permite cumplir la voluntad de un presidente es un camino jurídico y político lleno de obstáculos y que significaría un riesgo mayúsculo para el sistema democrático.
