Control político a Secretarios de Gobierno, el contraste entre la estadística y la sensación de inseguridad.
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La sesión que se extendió por más de once horas en el Concejo de Yopal durante una jornada que puso a prueba la gestión del secretario de gobierno Jorge Andrés Rodríguez.
El funcionario defendió su labor en el territorio con cifras que muestran una reducción del cincuenta por ciento en los homicidios durante lo que va del año 2026. A pesar de los números positivos en delitos como el hurto a comercios y personas, Rodríguez admitió que el robo de motocicletas sigue siendo un desafío creciente con setenta y ocho casos reportados hasta abril. La captura de delincuentes mediáticos como alias Riosucio y alias Mamadeo fue presentada como un triunfo de la articulación institucional frente al crimen organizado que asedia la región.
Este balance contrastó drásticamente cuando el concejal Leonardo Infante relató que fue víctima de un atraco a mano armada en la puerta de su propia vivienda apenas el día anterior al debate.
Este testimonio personal sirvió para ilustrar la evidente contradicción entre los informes técnicos y la sensación de vulnerabilidad que afecta incluso a los representantes públicos en sus espacios más íntimos. Infante también cuestionó el desfinanciamiento del Fondo de Seguridad Territorial que ha visto reducciones de casi dos mil millones de pesos anuales por falta de recaudo efectivo.
El concejal Mauricio Roso aportó un análisis matemático para explicar la situación al señalar que cada policía en turno debe proteger a mil seiscientos treinta y tres ciudadanos en una ciudad que ya supera los ciento noventa mil habitantes.
Los líderes comunitarios de barrios como Las Palmeras y asentamientos como La Victoria compartieron experiencias que reflejan el pánico colectivo mencionado por algunos corporados.
Se denunció la presencia de grupos armados como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, así como la existencia de barreras invisibles por el control del microtráfico en los sectores más vulnerables. Una madre del asentamiento La Victoria denunció haber recibido amenazas de muerte tras reportar ollas de expendio y señaló presuntos cobros de vacunas por parte de algunos patrulleros para permitir la venta de drogas.
Frente a estas realidades, la comunidad destacó que los gestores de seguridad son a menudo los únicos que visitan las zonas más críticas para intentar mediar en los conflictos cotidianos.
El secretario de gobierno departamental, Julio Ramos, informó sobre el avance del noventa por ciento en la instalación de un nuevo sistema integrado de seguridad con doscientas treinta y ocho cámaras para la capital. Para garantizar el sostenimiento de esta tecnología hasta el año 2028, se ha propuesto la implementación de una tasa de seguridad para los estratos más altos y el sector empresarial de la ciudad.
El debate concluyó con el compromiso de realizar mesas de trabajo en sectores rurales como el Rincón del Soldado y La Guafilla, donde los campesinos se sienten desprotegidos frente al abigeato y la falta de iluminación. La jornada cerró con una votación para modificar el horario de la siguiente sesión, evidenciando la carga laboral de un concejo que intenta responder a las exigencias de sus electores en medio de una crisis de confianza institucional.
