¿Bolsillo roto o mala planeación? Las deudas que no dejan dormir a los presidentes del Concejo de Yopal, contratistas en limbo jurídico.

El Concejo Municipal de Yopal estaría a punto de atravesar por una tormenta administrativa que trasciende los números y golpea directamente su reputación institucional. La corporación cerró la vigencia fiscal 2025 con un saldo rojo superior a los 56 millones de pesos, una cifra que hoy permanece en un limbo jurídico absoluto ante la negativa rotunda de la Secretaría de Hacienda para autorizar nuevos giros, debido a una imposibilidad legal.

Esta situación no solo representa un incumplimiento con diversos contratistas, sino que pone en riesgo la certificación de gestión de calidad otorgada por el Icontec bajo la norma ISO 9001:2015, un respaldo internacional que el municipio ostenta y que hoy se ve amenazado por el desorden en el manejo de los recursos.

La entidad estaría “ad portas” de ser demandada y existe el riesgo de sus cuentas puedan llegar a ser embargadas por la imposibilidad legal de pagar estas acreencias.

El origen del conflicto se encuentra en el cumplimiento estricto de la ley de disciplina fiscal colombiana. Durante 2025, el municipio transfirió a la corporación el cien por ciento del monto máximo permitido por la Ley 617 de 2000, alcanzando el tope legal derivado de los honorarios de los concejales y el porcentaje correspondiente de los ingresos corrientes de libre destinación, lo cual reposa en documento oficial certificado por la Secretaria de Hacienda.

A pesar de haber recibido la totalidad de los recursos permitidos, el Concejo contrajo obligaciones adicionales por 56.377.000 pesos que hoy carecen de fuente de financiación legal. Cualquier intento de cubrir este faltante con dinero público del presente año configuraría una violación flagrante a las normas fiscales, falta que la Secretaría de Hacienda ha calificado como gravísima, con duras consecuencias disciplinarias y patrimoniales.

El presupuesto de 2025, que inicialmente ascendía a 4.280 millones de pesos, estuvo marcado por una serie de movimientos internos que hoy generan interrogantes sobre la planeación financiera de la entidad.

Mediante diversas resoluciones, la presidencia del Concejo en ese periodo, encabezada por el concejal Angello Castellanos, ordenó el recorte de partidas destinadas a rubros como aportes a la seguridad social en salud, sueldos de personal supernumerario y beneficios laborales básicos. Esos recursos —que incluían ahorros de primas de vacaciones y auxilio sindical— fueron trasladados para fortalecer la contratación de servicios administrativos y la adquisición de activos fijos como muebles y equipos de oficina, en un intento por mantener la operación diaria de la corporación.

Lo anterior se realizó a través de varios contracréditos gestionados durante 2025, es decir, movimientos internos de presupuesto de un rubro a otro según las necesidades y siguiendo un protocolo establecido. Llama la atención que en estos contracréditos se reiteren varios ítems, como se aprecia en la tabla adjunta (que el medio publicó con base en documentación obtenida por derecho de petición).

Ante la negativa de una entrevista directa con los implicados, se pudo establecer que el actual presidente del Concejo, Andrés Dainover Rodríguez Mariño, ha intentado gestionar ante la administración municipal los recursos necesarios para honrar estas deudas heredadas, pero se ha encontrado con una barrera técnica infranqueable.

La Secretaría de Hacienda ha sido clara: bajo el principio de anualidad presupuestal, es técnicamente imposible reactivar o autorizar adiciones para una vigencia que ya fue liquidada y cerrada el pasado 31 de diciembre.

Esta parálisis financiera deja a los contratistas sin una respuesta clara y proyecta una sombra de duda sobre la eficiencia administrativa, afectando los indicadores de gestión fundamentales para conservar el respaldo de la certificación de Icontec. La pérdida de esta certificación representaría un retroceso histórico para Yopal, ya que este sello garantiza que los procesos internos de la corporación cumplen con estándares internacionales de transparencia.

Sin embargo, el seguimiento necesario para renovar este reconocimiento requiere una estabilidad financiera que hoy parece esquiva.

Con un presupuesto para 2026 ya comprometido, sumado a un periodo de ley de garantías y las dudas que genera el recaudo del presente año debido a los problemas con la situación actual de Catasig, es probable que no haya recursos para cubrir estos rubros.

Según algunos expertos consultados, posiblemente el anterior presidente del Concejo estuvo mal asesorado o delegó funciones a terceros que no estuvieron a la altura, lo que probablemente lo llevó a ajustar la contratación según la proyección financiera y no a la realidad del recaudo municipal.

No se debe olvidar que la Alcaldía de Yopal también enfrentó dificultades durante 2025, al punto de que en varias ocasiones se manifestó que podría perder la categoría 1 debido a la baja proyección de recaudos, lo que a su vez generaría una reducción en el presupuesto y en los salarios de los concejales haciendo aun más difícil pagar estas acreencias.