Tras evidenciar la imposibilidad de corregir la crítica situación financiera en que se encuentra y como protección a la vida y la salud de sus 1.2 millones de afiliados en 24 departamentos del país, la Superintendencia ordenó su liquidación.
Con la decisión, los 1,2 millones de afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social a otras EPS, donde seguirán recibiendo la atención en salud y continuar sus procedimientos médicos.