¿Acta de defunción para Capresoca?, nuevo decreto del gobierno obligaría a trasladar los usuarios a la Nueva EPS.
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El Ministerio de Salud emitió el Decreto 0182 de 2026. Esta normativa busca reorganizar el sistema eliminando la dispersión de pequeñas aseguradoras para concentrar la afiliación en entidades con mayor escala y capacidad operativa.
Cerca de 6,6 millones de afiliados serán trasladados, incluso hacia entidades que hoy están bajo intervención gubernamental. El objetivo central es evitar la proliferación de entidades débiles en una misma zona para lograr una eficiencia administrativa real.
La nueva reglamentación establece límites estrictos sobre cuántas aseguradoras pueden funcionar según la población de cada municipio. En las localidades pequeñas el servicio quedará limitado a solo una o dos entidades. En contraste, en las ciudades de más de quinientos mil habitantes operarán todas las autorizadas que superen el tres por ciento de afiliación local.
Si una entidad no alcanza este umbral mínimo de participación territorial, perderá su permiso para funcionar en esa zona y sus usuarios serán redistribuidos automáticamente por el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tras este movimiento de oficio, los pacientes deberán esperar sesenta días si desean solicitar un nuevo traslado por voluntad propia.
El impacto recae con fuerza sobre organizaciones como EPM y Ferronales, que cuentan con las cifras más bajas de usuarios al registrar 6.839 y 28.433 afiliados respectivamente. La lista de entidades en riesgo incluye también a Fundación Salud Mía, Pijaos Salud, Comfachocó y Capresoca.
Esta última se encuentra marcada por años de intervenciones y denuncias de irregularidades en la atención de casos de alta complejidad. Para Capresoca, cuyas directivas han enfrentado sanciones de arresto por desacatos judiciales, las nuevas exigencias de permanencia representan un acta de defunción para su golpeada operatividad.
Mientras las pequeñas aseguradoras pierden su espacio en el mapa regional, la Nueva EPS se perfila como la gran beneficiaria de esta reconfiguración. Se estima que esta institución podría recibir a 3,1 millones de personas adicionales. Esto elevaría su base total a un aproximado de 14,8 millones de afiliados.
Desde el sector gremial, la medida ha sido recibida con severas críticas sobre su oportunidad y legalidad. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, calificó la disposición como imprudente al considerar que profundiza la fragilidad estructural y financiera del sistema. La dirigente señaló además que los cambios en las reglas del aseguramiento tienen reserva de ley. Esto sugiere que el uso de un decreto administrativo para estos fines podría ser improcedente frente a la crisis de atención que ya golpea a los pacientes en todo el país.
