Alcaldía de Yopal realizó demolición de viviendas y recuperación del espacio público en invasiones sobre Caño Seco.

La madrugada del miércoles llegó con ruido de maquinaria pesada para los habitantes de los asentamientos La Resistencia, La Victoria y La Libertad, en Yopal.

La administración municipal inició operativos de recuperación de predios y zonas de protección ambiental en el sector de Caño Seco, una intervención ordenada por el Tribunal Administrativo de Casanare que busca proteger la ronda del caño y frenar el deterioro de estos territorios.

Las jornadas, lideradas por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Fomento de Yopal (INDEV), incluyeron la demolición de estructuras en La Resistencia.

Según informes de inteligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional, allí funcionaban centros para actividades ilícitas como el desguace de motocicletas y la comercialización de estupefacientes. Para las autoridades, la orden judicial era clara: había que actuar.

Sin embargo, mientras las máquinas avanzaban, la tensión comenzó a crecer entre los residentes. No fue por las demoliciones en sí, sino por un censo de verificación habitacional que, según denunciaron, los tomó por sorpresa.

«Llegaron muy temprano, sin avisar. Nos entregaron unos formularios que ni siquiera tenían bien la ubicación», relata Yanira, una de las líderes del sector. Denunció que en los documentos que les pedían firmar se menciona Caño Usíbar, no Caño Seco, que es donde realmente viven. Y lo que más duele, dice, es que entre los formatos les hicieron firmar, compromisos de desalojo voluntario.

El drama de los que verdaderamente necesitan una vivienda, se mescla con un problema encontrado por las autoridades en estos asentamientos humanos.

Las autoridades identificaron casos de familias que ya recibieron viviendas en proyectos como Villa David, pero que mantienen sus antiguas estructuras en los asentamientos para arrendarlas. Una situación que, reconocen los funcionarios, complica aún más el panorama.

Frente a esto, el gobierno local advirtió que solicitará la revocación de esos beneficios. Pero los habitantes de La Victoria responden con una realidad distinta: el 70% de las 146 familias que viven allí son víctimas del conflicto armado. Muchos de los que fueron beneficiados con nuevas viviendas no han podido mudarse porque los proyectos aún no cuentan con servicios públicos básicos. «¿A dónde vamos a ir?», preguntan.

El operativo también dejó al descubierto una herida profunda: la estigmatización. Los líderes comunitarios rechazaron con fuerza las declaraciones oficiales que vinculan de manera generalizada sus viviendas con el narcotráfico. «Aquí hay familias trabajadoras, señores. Gente que madruga a trabajar, que lleva años luchando por un pedazo de tierra digna», sostienen.

Tras horas de tensión y diálogo, se llegó a un acuerdo. El INDEV se comprometió a corregir los documentos de caracterización y anular los registros firmados bajo confusión. El proceso de verificación, dijeron, se hará ajustado a la realidad de cada familia y sin presiones de desalojo inmediato.

Por ahora, la calma volvió a los asentamientos. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, mezclada con el olor a tierra removida y el murmullo de las familias que no saben, aún, qué será de sus hogares mañana.