Concejo de Yopal se defiende tras denuncias de la Secretaría de Infraestructura y suspensión de proyectos.

El Concejo Municipal de Yopal respondió a las denuncia presentada por la Secretaría de Infraestructura y explicó las razones que llevaron a la cancelación del debate de control político, la renuncia de varios concejales a las ponencias de los proyectos de acuerdo 012 y 013 de 2026 y las recusaciones que mantienen suspendido el trámite de estas iniciativas.

Rusbin Torres, jurídico de la corporación Concejo Municipal, aseguró que la cancelación del debate no fue un acto arbitrario ni un abuso de poder, sino una decisión orientada a garantizar el debido proceso de la funcionaria citada. Explicó que la sesión estaba programada a pocos días de finalizar el primer periodo de sesiones ordinarias y que, como consecuencia o conclusión ante una eventual moción de censura, no existía el tiempo suficiente para cumplir todas las etapas establecidas por la Constitución.

Frente a la denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntos delitos como abuso de autoridad, acto arbitrario e injusto, compulsión y constreñimiento ilegal, Torres señaló que el Concejo actúa como un órgano de control político y no como una autoridad judicial o disciplinaria. Según indicó, la jurisprudencia ha establecido que las actuaciones políticas de las corporaciones públicas no pueden analizarse bajo la misma lógica de otros procesos, siempre que se garantice el debido proceso.

Ahora bien, sobre los proyectos de acuerdo 012 y 013 de 2026, relacionados con modificaciones presupuestales y ajustes a escalas salariales, el jurídico explicó que los concejales denunciados manifestaron un posible conflicto de interés debido a que las iniciativas tenían relación con la Secretaría de Infraestructura, dependencia que presentó la denuncia en su contra. Posteriormente, un ciudadano presentó una recusación contra 11 cabildantes, situación que suspendió su participación en el trámite.

Así las cosas, el Concejo informó que los concejales recusados tienen plazo hasta mañana para presentar sus respuestas frente a la recusación. Una vez vencido este término, deberá reunirse la Comisión de Ética para analizar el caso, salvo que la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare insista en asumir la competencia.

Finalmente, Rusbin Torres reiteró que la corporación no busca bloquear los proyectos y que sus actuaciones responden al cumplimiento de la ley y al respeto del debido proceso.