La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieron una directiva conjunta este 30 de junio de 2026 para regular el paso de mando entre el gobierno nacional saliente y el entrante. El documento establece una hoja de ruta clara para que los funcionarios entreguen un informe de gestión detallado que incluya los asuntos y recursos públicos, tanto ejecutados como pendientes, al cierre de su periodo constitucional.
Los organismos de control fueron enfáticos al advertir que la entrega de esta acta no es opcional y su incumplimiento podría acarrear investigaciones disciplinarias o fiscales para los servidores del orden nacional. El reporte debe abarcar la totalidad de los temas administrativos, financieros y humanos, sirviendo como una radiografía del estado actual de las instituciones para evitar saltos al vacío durante el cambio de administración.


La directiva también pone un foco especial en la contratación pública a través del sistema SECOP, instando a los equipos salientes a verificar que todos los procesos contractuales estén publicados y actualizados.
Esta medida busca que el nuevo gobierno identifique rápidamente contratos próximos a vencer, obras con dificultades de ejecución o procesos sancionatorios en trámite que requieran atención inmediata para no afectar la vida cotidiana de los ciudadanos.
Además de la rendición de cuentas técnica, las entidades solicitaron que los informes de empalme sean de acceso público en los canales institucionales, permitiendo que la sociedad civil vigile la transparencia del proceso.
El objetivo final de estas reglas es asegurar que los derechos fundamentales y los servicios públicos esenciales no sufran interrupciones mientras las nuevas autoridades asumen sus funciones. De esta manera, el país busca fortalecer su institucionalidad mediante una transición ordenada que priorice el bienestar general sobre el movimiento de las piezas políticas.


