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La entidad Catasig SAS EICE rechazó de manera categórica los señalamientos de la Alcaldía de Yopal sobre presuntas inconsistencias masivas en la base de datos catastral del municipio. Según el gestor, las afirmaciones sobre más de dieciséis mil registros erróneos carecen de sustento técnico y se basan en interpretaciones subjetivas del proveedor de software de la administración local.
La gerencia de la entidad explicó que tras una verificación exhaustiva de los archivos entregados en enero de 2026 se confirmó que no existen registros con números de predio compuestos por ceros ni registros sin identificación válida. Para el gestor catastral, el uso de herramientas como Excel para cuestionar la información oficial suministrada bajo estándares nacionales no constituye un mecanismo idóneo ni suficiente.
Sobre los predios con avalúo en cero que generaron alarma en el gobierno municipal, Catasig aclaró que mil ochenta y ocho de estos corresponden a terrenos en condiciones de informalidad jurídica en el sector La Bendición.
Debido a que estos predios carecen de construcciones legalizadas, la normativa vigente impide asignarles un avalúo catastral comercial, por lo que el reporte refleja la realidad física y jurídica actual. Asimismo, la entidad desmintió la supuesta falta de incorporación de mil cuatrocientas resoluciones, precisando que en 2025 solo se tramitaron ciento cuarenta actos administrativos y todos figuran correctamente en la base de datos de la presente vigencia.
La defensa técnica sostiene que las inconsistencias reales confirmadas afectan apenas al cero punto cero cuatro por ciento de los registros totales de Yopal.
Esta cifra se considera objetivamente marginal y no representa un impedimento legal para que la alcaldía proceda con la liquidación y facturación del impuesto predial para la inmensa mayoría de los contribuyentes.
El gestor catastral advirtió que la decisión de suspender el recaudo es una responsabilidad fiscal única del ente territorial que podría interpretarse como una maniobra para desinformar a la comunidad sobre sus obligaciones legales. En sus conclusiones finales, la entidad solicitó a la administración municipal abstenerse de afectar su buen nombre con datos erróneos y retomar el proceso tributario para no perjudicar las finanzas del territorio.
Tras la denuncia de la administración municipal, expone la apertura de una indagación preliminar por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, lo que otorga una dimensión institucional a las quejas radicadas por la alcaldía.
Por otro lado, algunos analistas le dan un matiz político relevante al señalar que la suspensión del cobro ocurre en medio de una campaña electoral, planteando interrogantes sobre la oportunidad de la medida. Ambas posturas reflejan la profunda crisis de confianza entre la autoridad catastral y el gobierno local, situación que mantiene en vilo a los ciudadanos que requieren realizar trámites notariales o bancarios urgentes.
