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La Alcaldía de Yopal informó que no expedirá la facturación del impuesto predial hasta garantizar que los cobros correspondan a la realidad física y jurídica de los predios del municipio, tras identificar múltiples y reiteradas inconsistencias en la información entregada por los prestadores de servicio catastral en el marco del Convenio 1707 de 2023, suscrito por la administración anterior el 31 de mayo de 2023.
La decisión, que debió ser adoptada hace meses, se toma en plena campaña electoral, lo que ha llamado fuertemnte la atención de los detractores de la administración municipal.
Según el municipio, esta no desconoce la obligación tributaria, pero busca que cada contribuyente pague lo que realmente corresponde, sin sobrecostos derivados de errores, dentro de los términos previstos por el calendario tributario.
A través de la Secretaría de Planeación, en ejercicio de la supervisión contractual, se identificaron 16.500 predios con inconsistencias, entre ellas: información incompleta en formatos R1 y R2, registros con campos vacíos, predios sin destino económico o sin dirección reportada, predios sin área de terreno o construcción registrada, duplicidad de registros, y sectores sin división predial definida con ausencia de manzaneo urbano.
Estas situaciones quedaron consignadas en nueve informes de supervisión y fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
La Contraloría General de la República informó sobre un presunto daño patrimonial por 6.332 millones de pesos correspondiente a recursos desembolsados a Catasig. El municipio radicó demanda de nulidad del convenio e impuso una multa por 373 millones de pesos ante incumplimientos reiterados y falta de respuesta a requerimientos oficiales.
La administración decidió no extender el modelo catastral a la zona rural, lo que representaba un costo adicional cercano a los 18.700 millones de pesos, teniendo en cuenta la situación presentada con Catasig en el área urbana.
El comunicado de la alcaldía de Yopal asegura que la facturación se mantendrá suspendida hasta que existan garantías técnicas y jurídicas suficientes; pero no ofrece una alternativa a los cientos de personas que necesitan agilizar sus trámites par los cuales el pago del impuesto predial es indispensable.
