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La contratación en Yopal de CATASIG SAS EICE, una empresa con experiencia muy limitada en estudios de actualización catastral, ha generado fuertes cuestionamientos.
Según el dirigente Arsenio Sandoval, la firma elegida habría sido la menos experimentada a nivel nacional, lo que pudo haber derivado en las fallas e inconsistencias en la valoración de los predios y aumentos desproporcionados en el impuesto predial.
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Sandoval explicó que CATASIG SAS, una empresa con base en Sabanalarga Antioquia, fue creada a finales de 2021 y que la falta de experiencia en este tipo de procesos habría resultado en alzas impositivas de entre el 100% y el 7000%, afectando a propietarios cuyos impuestos pasaron de 70.000 pesos a cifras de hasta 4 millones de pesos.
De acuerdo con la normativa, las empresas encargadas de avalúos catastrales deben notificar individualmente a cada propietario y realizar visitas presenciales para evaluar las condiciones de los predios. Sin embargo, Sandoval denunció que CATASIG SAS no cumplió con estos procedimientos, lo que presuntamente habría inducido a recopilar datos inexactos.
Frente a esta situación, Sandoval propuso revisar la legalidad de la contratación de CATASIG SAS y someter a escrutinio la información suministrada por la empresa. También sugirió la posibilidad de rescindir el contrato y considerar un nuevo estudio catastral a cargo de una firma con mayor trayectoria y con la participación de profesionales locales.
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Por su parte, el concejal Ociel Ortiz señaló que, pese a la creación de una mesa de concertación tras las protestas ciudadanas, no se ha llegado a conclusiones concretas. Según Ortiz, ni la Secretaría de Planeación, responsable de la supervisión del contrato, ni la empresa contratista han presentado documentación que permita analizar con claridad la metodología utilizada para la actualización catastral.
En cuanto al pronunciamiento de la secretaria de planeación Patricia Cárdenas, manifestó que si bien es cierto tiene la función de supervisar este contrato, su función era la de garantizar que se ejecutara el contrato, mas no la de verificar la información, por un tema de proteción de datos; también manifestó que en una reunión realizada el año anterior, estuvi acompañada de los concejales Leonardo Infante y Felipe Becerra, este ultimo manifestó que en su momento había presentado las respectivas denuncias de las irregularidades que encontró.
Según algunos expertos, la información recopilada por la empresa CATASIG no tendría ningun tipo de reserva, por ser de interés general y tratarse de temas referentes a dineros públicos; lo que si queda claro, es que muchos funcionarios si tenían conocimiento de la ejecución de este contrato, pero todos quieren ahora “sacudirse” la responsabilidad.
El concejal Dumar Montaña reveló casos dramáticos de propietarios afectados por los cambios en la valorización de sus viviendas. Destacó el caso de un ciudadano cuya propiedad, inicialmente avaluada en al rededor de 80 millones de pesos, ahora aparece con un valor superior a 900 millones. Esta situación lo obligaría a declarar renta ante la DIAN y le impediría acceder a subsidios de cualquier tipo, afectando directamente su economía y calidad de vida, pues es una persona de muy escasos recursos.
Hasta el momento, la Alcaldía de Yopal adelanta gestiones en varios niveles del gobierno nacional, a fin de buscar una salida concertada a esta situación que tiene en vilo a la ciudadanía; quienes esperan que los responsables de esta hecatombe, al menos se pongan al frente en busca de una solución.